madrid - El Gobierno aceptó ayer en un real decreto-ley la renuncia a la concesión del almacén de gas Castor de Escal UGS, participada por ACS en un 66,67%, y fija una indemnización para la compañía de 1.350,7 millones, cantidad que se cargará al recibo del gas durante 30 años.
Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el importe de la indemnización lo asumirá en un primer momento Enagás, empresa que actúa como transportista de gas, y posteriormente el sistema gasista, es decir, en última instancia los consumidores, abonará anualmente este coste. El mecanismo de pago diseñado es parecido al del déficit de tarifa eléctrico, pero sin contar con el aval del Estado.
Enagás Transporte, filial de Enagás, será titular de un derecho de cobro por parte del sistema de gas con cargo a la factura mensual por esos 30 años, explicó la compañía en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, el gestor gasista ya ha convenido con varias entidades financieras la cesión de este derecho de cobro y tiene previsto formalizarlo coincidiendo con la publicación de la nueva normativa en el BOE, previsiblemente hoy.
Según explica Enagás, la operación tendrá un carácter neutro desde el punto de vista financiero, ya que no va a afectar negativamente a sus cuentas, ni a sus ratios de endeudamiento ni altera los objetivos de inversión. Los bancos que han presentado la mejor oferta para quedarse con los derechos de cobro han sido un sindicato formado por Santander, Bankia y La Caixa.
El primer pago será el 25 de abril de 2016, explica el Ministerio de Industria en un comunicado.
El almacén de gas, situado en el subsuelo del Mediterráneo cerca de la costa de Vinarós (Castellón) y cuya construcción se paralizó en septiembre del año pasado al detectarse seísmos en la zona, será hibernado, lo que significa que no habrá ninguna inyección o extracción de gas en el subsuelo, aunque esta situación se podrá revertir en el futuro si los estudios técnicos lo aconsejan. Asimismo, Sáenz de Santamaría dijo que Castor podría desmantelarse si se dan condiciones seguras para esta operación.
El Ministerio de Industria aseguraba ayer en una nota que la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de Castor tendrá un coste anual a partir de 2017 sobre el sistema gasista 110 millones de euros inferior al coste que tendría el complejo de estar en operación. - Efe/DNA
