GASTEIZ. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que el Gobierno vasco es consciente de que "es necesario incrementar el control de las ayudas sociales" porque supone "más justicia social", pero sin cuestionar las bases del sistema de protección de la CAV a los más necesitados.
Urkullu ha respondido hoy de este modo a una interpelación planteada en el pleno de control del Parlamento vasco por la popular Laura Garrido sobre los "cobros indebidos" de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cifrados por Lanbide en 56 millones de euros.
"El Gobierno vasco y Lanbide no van a bajar la guardia. Seguiremos trabajando por aumentar el control y reducir los abusos si los hubiere, en un marco de colaboración con todas las instituciones", ha manifestado.
Ha defendido el actual sistema de protección social y se ha mostrado dispuesto a "mejorarlo", tal y como se ha ido haciendo durante los últimos 25 años, según ha recordado, al tiempo que ha criticado la "campaña" emprendida por el PP contra colectivos concretos de inmigrantes.
"Las personas inmigrantes no tienen una ventaja o trato de favor, todas la personas deben cumplir con las mismas condiciones y requisitos", ha defendido Urkullu, en referencia en las declaraciones en las que el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, aseguraba que los ciudadanos magrebíes viven de las ayudas sociales y no quieren trabajar.
