"La RGI surgió de un compromiso unánime de justicia social y solidaridad"

La RGI, que ha cumplido 25 años, nació como Renta de Inserción.

-Inicialmente se denominó Ingreso Mínimo Familiar y se creó por decreto. Posteriormente se hizo la Ley y pasó a ser conocido como Ingreso Mínimo de Inserción. Ese nombre ya indicaba que desde el principio existía el concepto de inserción social, de tal forma que junto a la concesión de la ayuda se intentaba hacer algo así como trajes a medida para que las personas que la recibían no se cronificaran en una situación de exclusión. Se trataba de que esas personas, como consecuencia de medidas de inserción -básicamente acciones de formación ocupacional no reglada-, volvieran a reintegrarse en el mundo del trabajo en el menor tiempo posible.

¿Se ha conseguido ese objetivo?

-Creo que en general la iniciativa se ha limitado mucho a ese aspecto que se conoce como salario social o renta de garantía de ingresos, cuando lo realmente importante era que eso formaba parte de una concepción integral de la lucha contra la pobreza. El plan constaba de tres niveles: el de la atención básica a quien no recibe ningún ingreso a través de lo que inicialmente fue el IMI y luego la RGI, la atención a situaciones de emergencia social y un tercer nivel que consiste en la aplicación de medidas sectoriales.

Fue una iniciativa pionera en el Estado español.

-Fue un plan de lucha contra la pobreza original, pero no únicamente en el Estado español, sino también a nivel europeo. En algunos países de Europa ya había establecidas ayudas de primer nivel, tipo salario social, pero lo que hacía absolutamente novedoso el plan vasco era su concepto de atención integral.

¿A qué situación respondía la puesta en marcha del plan contra la pobreza en 1989?

-El plan es la plasmación del concepto de solidaridad que compartían las formaciones políticas, la concreción de la idea de solidaridad que deben tener las sociedades modernas. En 1988 en Euskadi nos encontrábamos en una situación caracterizada por el reto de la integración en la Europa del 93 y un considerable número de ciudadanos en situación de marginación como consecuencia de una profunda crisis económica y de los procesos de reconversión industrial. Es importante decir que la Ley que articuló el plan se aprobó en el Parlamento Vasco por unanimidad.

¿Sin oposición?

-Esa unanimidad partía de una clara conciencia de la necesidad de ofrecer medidas concretas por criterios de justicia y solidaridad. El lehendakari José Antonio Ardanza dijo en el Parlamento Vasco, en el debate de política general de septiembre de 1988, que "potenciar las condiciones endógenas que permitan un mayor desarrollo económico, una mayor y mejor generación de riqueza y, en definitiva, mejores condiciones de competitividad sólo pueden ser objetivos de una sociedad si su logro conlleva una justa redistribución, igualdad de oportunidades, integración y cohesión social. En definitiva, la construcción europea, el mercado interior y la Euskadi de hoy y del 93 sólo tienen sentido si lo son para la totalidad de los ciudadanos vascos". Esa filosofía de solidaridad es el verdadero meollo del planteamiento hecho hace 25 años.

¿Las Diputaciones Forales participaron desde el principio en el plan del Gobierno Vasco?

-El plan lo concebimos y lo elaboramos en una comisión en la que estaban las Diputaciones. En Araba y Bizkaia los diputados correspondientes eran del PSOE, Jesús Loza y Ana Ariz, en Gipuzkoa estaba Xabier Garayalde, de Euskadiko Ezkerra, y en Eudel, como órgano de los ayuntamientos, estaba Jose Mari González Zorrilla, del PNV. El Gobierno Vasco hizo la dotación presupuestaria necesaria, pero las ayudas se canalizaban a través de las Diputaciones y de los servicios sociales de los ayuntamientos. Otra característica que me parece importante es que el plan no se concibió de ninguna manera con un carácter territorial: de los 5.500 millones de pesetas que fue la dotación inicial no se decía el 53% corresponde a Bizkaia el 14% a Álava... No, los fondos se distribuían según las necesidades. Creo que esta característica responde claramente a la idea de que el plan era una cuestión de solidaridad.

El sistema vasco de ayudas sociales no se ha librado nunca del debate social.

-No, nunca y creo que es pura demagogia porque no hay un problema cuantitativo, sino de filosofía. Ninguna de las personas beneficiarias de estas ayudas tenía chalets en Neguri ni nada por el estilo.

Las sospechas de fraude también son permanentes.

-Yo nunca negué que podía haber un cierto componente de fraude difícilmente cuantificable. Pero, partiendo del hecho de que nadie se podía hacer rico cobrando esa cantidad y que había que poner todos los medios para evitar el fraude, nos preocupaba más el objetivo final que un control exhaustivo, porque estoy convencido de que el ritmo de concesión de las ayudas se hubiera podido ver seriamente afectado. No estoy justificando el fraude, pero quiero señalar que la prioridad era ser ágiles, porque la situación de la gente que solicita una ayuda de este tipo es dramática y si tardas cinco meses en dársela es posible que para cuando quieras hacerte cargo del enfermo ya esté en el cementerio.

¿Cree que el sistema de ayudas necesita reformas?

-No lo sé. No me considero legitimado para decirlo, pero lo que sí creo es que sería necesario incidir y seguir insistiendo cada vez más en ese tercer nivel, en la necesidad de articular medidas globales que realmente impidan caer en situaciones de pobreza. Creo que tras la transferencia de las políticas activas de empleo ese objetivo del tercer nivel está más cerca.