La mayoría conservadora del CGPJ avala con matices la reforma del aborto

Después de tres aplazamientos y una doble tramitación del dictamen que ha evidenciado la división existente entre los vocales ante la nueva regulación del aborto, el pleno del CGPJ aprobó ayer el informe basado en la ponencia de la vocal conservadora Carmen Llombart, mientras que ocho vocales -la minoría progresista- votaron el de Pilar Sepúlveda, que pedía la retirada del Anteproyecto.

El informe aprobado es moderadamente crítico con la reforma del aborto y, entre otros cambios, plantea al Gobierno español que no penalice el aborto eugenésico. Respecto al supuesto de anomalía fetal incompatible con la vida, el informe definitivo pide que sea legal aunque no se demuestre que esté afectada la salud psíquica de la madre, al entender, en palabras de Carmen Llombart, "que en ese caso no existe conflicto entre los derechos de la embarazada y la protección del concebido", pues "el concebido en estas condiciones no podría ostentar la condición de nasciturus" ni, por tanto, acogerse a la protección constitucional que éstos tienen.

Asimismo, la ponencia definitivamente aprobada considera suficiente que los informes médicos exigidos por la reforma antes de la interrupción voluntaria del embarazo sean emitidos por dos médicos distintos del que practique el aborto, sin que sea preciso acudir a un facultativo externo al centro. El CGPJ aboga, además, porque la norma garantice que los centros públicos y privados autorizados para la práctica de abortos "dispongan de personal que no ejerza su derecho a la objeción de conciencia".

Se da la paradoja de que once de los veintiún miembros que integran el pleno del CGPJ tienen previsto presentar votos particulares que se prevén críticos con el proyecto del PP y en la mayoría de los casos pedirán la retirada del texto. Esta petición de retirada de la reforma del aborto será presentada por los ocho vocales de la minoría progresista, que formularán un voto particular conjunto -Alvaro Cuesta, María del Mar Cabrejas, Pilar Sepúlveda, Clara Martínez de Careaga, Victoria Cinto, Concha Sáenz, Roser Bach y Rafael Mozo-. Fuentes del CGPJ señalaron que el vocal y presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando-Grande Marlaska, que se abstuvo en el pleno de ayer, también podría incluir esta petición al Gobierno en el voto particular que ha anunciado y que presentará de forma individual.

Igualmente crítico, aunque sin llegar a pedir que se retire el anteproyecto, será el voto que han anunciado los vocales Mercé Pigem (designada a propuesta de CiU y Enrique Lucas (por el PNV). Ambos, que también se abstuvieron ayer, habían formulado alegaciones al dictamen de la progresista Pilar Sepúlveda en el sentido de que hubiera sido mejor esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que tiene pendiente contra la ley vigente.

También presentarán un voto particular conjunto, aunque concurrente con la decisión de la mayoría, los vocales designados a propuesta del PP Nuria Abad y Juan Manuel Martínez, quienes no comparten las objeciones que la ponente Carmen Llombart realiza sobre cuestiones como la penalización del aborto eugenésico.

Por su parte, Pilar Sepúlveda -cuyo informe recibió el apoyo del sector progresista, 10 votos en contra y 3 abstenciones- hizo pública una nota al término del pleno en la que reitera su análisis y califica la reforma auspiciada por Alberto Ruiz-Gallardón de "imposición de un modelo moral a costa de los derechos ajenos" como la libertad de la mujer embarazada. "La ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, y la dignidad, decaen de forma evidente ante la protección del bien jurídico que representa el concebido que, como ha sido sostenido por la jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones, no es titular de un derecho fundamental constitucionalmente reconocido a la vida", señala.

Ayer, coincidiendo con la reunión del órgano del Poder Judicial, dos activistas de Femen accedieron a la catedral de La Almudena, tras despojarse de sus camisetas, se encadenaron al crucifijo del altar para reivindicar el derecho al aborto libre de las mujeres. Con el lema libertad para abortar pintado en su cuerpo, las dos mujeres gritaban "aborto es sagrado" y "aborto ilegal tomemos el altar".

Minutos después efectivos de la Policía Nacional desalojaron a la decena de personas que se encontraban en el templo, procedieron a cerrar la catedral, incluido el perímetro exterior, y las detuvieron. Las jóvenes quedaron en libertad acusadas de un delito contra los sentimientos religiosos y otro contra los derechos fundamentales.