BILBAO. Tan solo los gobiernos de Andalucía y Canarias han confirmado que mantendrán abiertos los comedores, como hicieron el año pasado por primera vez, mientras Extremadura, que el año pasado los abrió, aún no ha decidido si repetirá la experiencia, aunque considera que en principio no es la solución más adecuada y trabaja en un plan integral contra la pobreza infantil de ocho medidas.
Hoy mismo, el Gobierno de Aragón ha anunciado que abrirá algunos comedores este verano y contará para ello, a falta de confirmación, con una partida de unos 700.000 euros del Gobierno central.
La defensora hizo la petición preocupada por el riesgo de que las vacaciones escolares agraven los problemas de nutrición que padecen miles de niños españoles.
Las comunidades autónomas dispondrán de 17 millones de euros del Gobierno central para proyectos cuyo objetivo sea paliar la pobreza infantil, pero en pocos casos se decantan por la apertura de los comedores y la mayor parte de ellas optará por ayudas directas a las familias y por completar las medidas que ya ha puesto en marcha.
Algunos gobiernos, como los de Madrid, La Rioja, Navarra o el País Vasco han descartado la apertura de los comedores, mientras que en Castilla-La Mancha serán los ayuntamientos de Toledo y Cuenca los que se encargarán de mantenerlos abiertos y el de Guadalajara repartirá desayunos solidarios.
En Cataluña, hay escuelas de primaria que durante los meses de julio acogen casales infantiles y juveniles en los que se ofrece servicio de comedor y para los que los ayuntamientos ofrecen becas a través de sus servicios sociales, con ayuda del departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat.
En la comunidad catalana se ha implantado un sistema para detectar posibles casos de malnutrición con la colaboración de las escuelas y las familias que han tenido ayuda de comedor durante el curso escolar pueden mantenerla en verano, ya sea con una beca para las actividades en los casales o como ayuda alimentaria.
La Junta de Castilla y León tampoco parece dispuesta a tomar esta medida sin hacer antes "un mapa de colegios" y analizar los perfiles de los alumnos, mientras que el Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana, igual que Navarra, se decantan por las ayudas directas a familias en riesgo de exclusión, y Galicia es partidaria de profundizar en medidas propias, como comedores sociales y ayudas a la integración social y de emergencia social.
El Gobierno de Cantabria, como el de Baleares, ha dicho estar dispuesto a estudiar la situación, mientras el de Murcia pondrá los comedores a disposición de los ayuntamientos o de las organizaciones sociales que quieran hacerse cargo de su coste.
Varias han sido las razones esgrimidas para esta negativa a abrir los comedores, entre ellas las expuestas por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien señaló que se trata de competencias municipales, o las del riojano, Pedro Sanz, partidario de otras vías de ayuda porque "no se puede marcar a unos niños frente a otros ni generar situaciones de desigualdad".
Para evitar la estigmatización de los niños, en Canarias se habilitó el pasado verano y se repetirá este año un programa de clases de inglés para darle un contenido lectivo a la experiencia, abierto a todo tipo de alumnos, tanto si necesitan el comedor como si no.
Finalmente, el pasado verano acudieron al programa de clases de verano 14.000 escolares canarios, de los cuales 6.221 utilizaron el servicio de comedor gratuito.
La experiencia le costó al Gobierno canario un millón de euros, destinados principalmente a pagar la comida y a los 324 monitores de idiomas contratados para impartir clases.
El Gobierno canario volverá a abrir los comedores este verano con el mismo planteamiento. En teoría, podrían utilizarlos los 11.500 alumnos que a lo largo del curso comen en el colegio de manera gratuita, pero se espera que acuda un número similar al de 2013.
Unos 48.000 son los escolares en riesgo de pobreza que tiene cuantificados la Junta de Andalucía, que hace poco más de un año lanzó el primer plan para dar tres comidas al día los estudiantes más necesitados.
Durante los meses de verano, en las denominadas Zonas con Necesidades de Transformación Social se atendió a más de 4.000 menores en 55 escuelas de verano, gracias a un presupuesto de 1,6 millones de euros.
El nuevo decreto de Inclusión Social aprobado hoy por la Junta de Andalucía atenderá a 160.000 personas, 10.000 más que el anterior.
En Extremadura, una media de 407 niños acudieron cada día a los diez comedores escolares habilitados por la Junta de Extremadura durante el verano, pero este año aún no ha decidido si los volverán abrir, algo que depende en buena medida de la opinión de las organizaciones sociales.
