BURGOS. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Villarcayo (Burgos) consideró que la protesta, que se desarrolló durante buena parte de la mañana del 5 de marzo pasado, se tramitara como un juicio de faltas, con lo que la indemnización sería, en caso de fijarse en la sentencia, mínima.

La portavoz de Greenpeace para temas nucleares, Raquel Montón, ha calificado de "sorprendente" que la empresa pida tal cantidad de dinero cuando la central nuclear "mal puede tener pérdidas por una protesta, cuando está desenganchada de la red eléctrica desde diciembre de 2012 y tiene su reactor parado desde entonces".

Montón ha recordado que un grupo de ecologistas se acercó el 5 de marzo a las puertas de la central nuclear montados en vehículos de obra para simbolizar el desmantelamiento de la central, que es la más vieja de Europa y tiene una orden de cierre definitivo, aunque la propietaria dispone hasta el 6 de julio para solicitar una prórroga de actividad.

La portavoz de Greenpeace ha afirmado que se ha dirigido al Consejo de Seguridad Nuclear para pedir información sobre las medidas técnicas que este organismo considera necesarias para asegurar que la planta de Garoña no sufre los mismos problemas que la nuclear belga de Döel-3, que ha parado inesperadamente por defectos en la vasija, que se fabricó en la misma empresa que la de la plata nuclear burgalesa.