VITORIA - La "injerencia en el ámbito competencial" y el "menoscabo en el derecho fundamental a la educación" que supone la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) son los motivos principales por los que el Gobierno Vasco ha decidido recurrir la reforma conocida como Ley Wert ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo vasco, que ya anunció su intención de plantear recurso de inconstitucionalidad cuando la Ley daba sus primeros pasos en el Parlamento español, considera que la Lomce tiene un carácter "injustificadamente homogeneizador" que choca frontalmente con los fines del sistema educativo vasco.
El Consejo de Gobierno Vasco celebrado ayer también autorizó interponer recurso ante el Constitucional contra la Ley de Evaluación Ambiental y la de Unidad de Mercado, al estimar que estas regulaciones invaden competencias propias y atentan contra la "autonomía política" de la CAV.
La consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, reconoció ayer que la presentación del recurso contra la Lomce no supone la paralización de la puesta en marcha de la ley, cuyo inicio de implantación está previsto para el próximo curso. "Es una ley vigente y nosotros tenemos que cumplir la ley", afirmó, aunque matizó que la normativa se ha hecho con prisas y que no va a dar tiempo a que se pueda aplicar el próximo mes de septiembre. Uriarte explicó que todavía no están listos los decretos que desarrollan la Ley y que no hay financiación que pueda "sostener" los cambios que se pretenden.
En concreto el Gobierno Vasco recurrirá 19 artículos (5, 9, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 34, 38, 60. 80, 81, 89, 97 y 99) de la Lomce tras encontrar conflicto de constitucionalidad en diversos aspectos, como el tratamiento "inasumible" que se otorga a las lenguas cooficiales. En este sentido, la consejera recordó que la competencia para regular el alcance de la cooficialidad nunca corresponde al Estado sino a la CAV en exclusiva.
El Gobierno Vasco también estima que la reforma educativa "vulnera el derecho fundamental" a la educación en aspectos como la separación entre las diferentes opciones de enseñanza (Bachillerato o FP) a los 15 años. A su juicio, esto supone "una segregación temprana que se ha demostrado tiene efectos negativos sobre la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos".
El Departamento de Uriarte critica que se modifiquen los criterios de escolarización, al establecerse el de rendimiento escolar, en manos de cada centro, lo que "pone en cuestión la igualdad de las condiciones básicas en el ejercicio del derecho a elegir centro de enseñanza en condiciones de gratuidad". Además se denuncia que el Gobierno español se atribuye, con carácter exclusivo y excluyente, la fijación de los contenidos de las materias.
Recursos. El Consejo de Gobierno Vasco autorizó ayer la interposición de tres recursos de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.
El Gobierno Vasco ha puesto el foco del recurso que llevará al Constitucional en la definición del contenido de las enseñanzas, en la evaluación del aprendizaje, en el acceso a la Formación Profesional y en el peso otorgado al Consejo Escolar.
El Gobierno Vasco considera que pretende una uniformización de la diversidad regulatoria autonómica bajo el pretexto de garantizar la "unidad de mercado nacional". También porque crea "desprotección" en el ámbito económico y podría generar deslocalizaciones de empresas.
Según el portavoz del Ejecutivo Josu Erkoreka, esta ley es demasiado exhaustiva y "agota el espacio normativo" para establecer normativa adicional en materia de medio ambiente y ecología. Además llega cuando se está tramitando una modificación extensa de la Directiva comunitaria sobre evaluación ambiental de proyectos.
Criterios. El Gobierno Vasco encuentra conflicto de constitucionalidad en: la determinación y evaluación de los estándares de aprendizaje; la introducción de pruebas de evaluación externa del alumnado al final de la ESO y Bachillerato, lo que deja a la CAV como mera ejecutora de los criterios del Gobierno español; la fijación con excesivo detalle de las condiciones de acceso y admisión del alumnado a la Formación Profesional y universitaria; y el tratamiento de las lenguas cooficiales.
Derechos. El Gobierno Vasco también considera la Ley vulnera el derecho fundamental a la Educación en aspectos como: la separación entre las diferentes opciones de enseñanza; los criterios de escolarización, y la reordenación de las funciones del Consejo Escolar que reduce su participación.
