Madrid. El Ministerio de Sanidad ha recordado a las comunidades que la implantación del copago de los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales es de obligado cumplimiento y que se trata de un procedimiento que debería ponerse en marcha este mes de enero. Esta medida -recurrida por la vía de lo contencioso-administrativo por el Ejecutivo vasco al entender que "penaliza" de forma "arbitraria" a los enfermos crónicos graves- entró en vigor el pasado 1 de octubre.

Desde entonces han transcurrido tres meses en los que, según entienden desde el Gobierno español, "las comunidades deberían haber solucionado sus problemas de infraestructura e informáticos para poder hacer efectivo el cobro". Esta medida afecta a 43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C) no hospitalizados, que tendrán que pagar un 10% de estas medicinas, con un tope de 4,26 euros mensuales, después de que Sanidad incrementase este límite un 1,5% el pasado 1 de enero al actualizarlo según la tasa interanual del IPC del periodo comprendido entre febrero y noviembre. Este nuevo copago, previsto en el real decreto-ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, todavía no ha comenzado a aplicarse en ninguna comunidad. En algunas por problemas de infraestructura y en otras por su oposición a la medida, una situación que ha reabierto la eterna brecha entre territorios.

Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad. Así, Castilla y León (PP) ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con la intención de que se anule o revoque la medida, una iniciativa que a mediados del pasado mes de octubre también fue adoptada por el Gobierno Vasco. Andalucía y Canarias harán lo propio.