Bruselas. La retirada el próximo 1 de enero de las restricciones que aún se aplican en la Unión Europea (UE) a trabajadores de Bulgaria y Rumanía preocupa a países como el Reino Unido, que ya ha anunciado medidas para desalentar una temida oleada de recién llegados que presione su sistema de beneficios sociales. Bulgaria y Rumanía forman parte de la Unión Europea (UE) desde 2007 y sus ciudadanos pueden desde entonces desplazarse y residir libremente (sin necesidad de visados) en cualquier país miembro.
En materia de empleo, en cambio, solo 19 Estados miembros abrieron sus puertas desde el principio a los trabajadores de estos dos socios, ambos países incluidos. Croacia, último país en incorporarse a la UE en julio de 2013, abrió desde el principio sus puertas a los trabajadores búlgaros y rumanos.
Otros ocho países comunitarios -Bélgica, Alemania, Francia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria y el Reino Unido- prefirieron adoptar medidas transitorias para limitar el acceso de rumanos y búlgaros a su mercado laboral. España, por su parte, también optó por imponer restricciones temporales para los trabajadores de origen rumano. A partir del 1 de enero, todas estas limitaciones tendrán que desaparecer para que búlgaros y rumanos puedan trabajar libremente en cualquier país de la UE y beneficiarse de las mismas condiciones laborales que los nacionales del país de acogida.
El primer ministro británico, el conservador David Cameron, ha anunciado que con el comienzo del nuevo año su país aplicará cinco nuevas medidas para protegerse del supuesto impacto del fin de las restricciones.
Electoralismo o xenofobia Esta decisión ha sido criticada por su posible incompatibilidad con las normas europeas y sus tintes xenófobos, y es vista por algunos como una maniobra electoralista de Cameron para retener votos y contener el avance del antieuropeo y antiinmigrante Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).
Londres pretende, en concreto, limitar los beneficios sociales durante los tres primeros meses y las ayudas a la vivienda, así como retirar los subsidios por desempleo pasados seis meses. También quiere cuadruplicar las multas a las empresas que no lleguen a pagar el salario mínimo y deportar a los ciudadanos europeos llegados de otros Estados miembros que se encuentren en la calle por falta de lugar de residencia. La Comisión Europea (CE) asegura que no ha recibido ninguna notificación oficial de las medidas y advierte de que si el Reino Unido las pone en marcha el día 1 como tiene previsto, tendrá que atenerse a las consecuencias. "Todavía no tenemos los detalles, pero si entran en vigor y se confirma que son ilegales tendremos que abrir un procedimiento de infracción", indicó el portavoz comunitario de Empleo, Jonathan Todd.
