gasteiz. La reforma de la ley del aborto que ha planteado el Gobierno del PP conlleva, en la práctica, la ilegalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el 94% de los casos. El retroceso que supone en el derecho a decidir de las mujeres ha roto la unidad en torno a uno de los grandes caballos de batalla del Partido Popular, con voces discrepantes como las del presidente del PP de Gipuzkoa, Borja Sémper.

En 2012, último año del que se disponen datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), de los 3.913 abortos que se registraron en la CAV, el 94% de los casos (3.662) se corresponde con mujeres que ejercieron el derecho que les reconoció la ley de 2010 promovida por el PSOE a interrumpir su embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación sin tener que justificarse. Sin embargo, con el anteproyecto de reforma que presentó la semana pasada el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el acto de interrumpir el embarazo de forma voluntaria que llevaron a cabo esas casi 4.000 mujeres vascas sería ilegal.

A diferencia de la ley de plazos, en vigor desde 2010, que permite abortar hasta la semana 14, la propuesta popular solo admite el aborto en dos supuestos: en caso de violación (hasta las 12 semanas y si hay denuncia previa) o si existe un riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (hasta la semana 22 y siempre que quede acreditado por dos médicos).

Esta última tipología apenas afecta al 1,5% de los abortos si se tiene en cuenta los datos de 2012 (55 casos), mientras que el supuesto de violación no se puede contabilizar porque actualmente no se concreta como motivo.

Además, la reforma va más allá, ya que elimina el supuesto de malformación y detalla que si hay "anomalías fetales incompatibles con la vida" será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma que quede probada. Es decir, probablemente se quede corto el porcentaje del 94% de los casos que quedarían fuera con la nueva normativa, ya que, por ejemplo, habría que añadir a la mayor parte de las 156 mujeres (4%) que en 2012 alegaron riesgo de graves anomalías en el feto. Mientras que las 39 (1%) que señalaron como motivo del IVE anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable, con la reforma tendrían que acreditarlo con sendos informes médicos referentes al feto y a la madre.

Otro de los cambios frente a la norma socialista es que las menores de edad deberán recabar el consentimiento paterno para abortar, cuando desde 2010 a partir de los 16 años no era necesario. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en 2012 un total de 455 jóvenes vascas de entre quince y 19 años interrumpieron su embarazo.