madrid. El Gobierno de Mariano Rajoy dio ayer luz verde al anteproyecto de reforma de la ley del aborto, lo que supone una nueva demostración de la política restrictiva del Ejecutivo del PP, un fuerte retroceso en materia de igualdad para las mujeres y una importante pérdida en materia de derechos, lo que supondría una vuelta a la etapa franquista. Así, el denominado anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la embarazada termina con el aborto como derecho y deja a la mujer con pocas armas para poder adoptar sus propias decisiones en este aspecto de su vida.
Las mujeres podrán abortar en los casos de violación hasta las doce semanas y en los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la 22. De esta forma, el anteproyecto de ley de reforma del aborto limita a dos los supuestos para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo de forma legal, eliminando el referido a las malformaciones del feto, salvo en caso de que se demuestren anomalías incompatibles con la vida del nasciturus y un riesgo psíquico o físico de la madre.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la reforma "libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal" y obliga a las menores a recabar el consentimiento paterno antes de interrumpir su embarazo. "Recupera el equilibrio marcado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1985" entre la protección del nasciturus y los derechos de las gestantes, dijo Gallardón, quien aseguró que también aporta mayor seguridad jurídica a los profesionales que practican el aborto.
El anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada establece que cualquier discapacidad o anomalía del feto o el embrión no es "en sí misma una disminución de derechos de protección", es decir que ya no es en sí mismo un supuesto por el que esté permitido el aborto.
incompatible con la vida Para poder interrumpir el embarazo, la anomalía del feto o el embrión, explicó Gallardón, deberá causar un daño psíquico o físico en la mujer y tendrá que quedar probado en un informe médico al que debe acompañar otra acreditación médica de la malformación incompatible con la vida.
En el caso de violación, la mujer deberá aportar la denuncia de dicha agresión para poder interrumpir el embarazo, que podrá realizarse en este supuesto hasta la semana 12 de gestación.
Cuando el embarazo suponga un peligro grave para la salud física o psíquica de la mujer, el aborto podrá realizarse hasta la semana 22, siempre que quede acreditado en un informe realizado por dos médicos distintos al facultativo que lo practique y de diferentes centros sanitarios.
Si la gestación supone un peligro vital para la vida de la madre o para su salud, derivado de una anomalía del feto incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes, no habrá limite de tiempo para abortar.
Como ya anunció en varias ocasiones el ministro, las menores que quieran abortar tendrán que informar a sus padres o tutores, mientras que hasta ahora la regulación vigente permitía que no informaran a sus progenitores si alegaban coacciones o amenazas en el ámbito familiar. Si hubiera controversia entre ellos, el juez considerará que es válido el consentimiento de la menor salvo que constate su falta de madurez, en cuyo caso resolverá atendiendo a su interés.
El anteproyecto regula también la objeción de conciencia de los profesionales, señaló Gallardón, quien insistió en que la reforma responde a un compromiso electoral del PP y que se ha aprobado en el plazo establecido, es decir, en el ecuador de la legislatura.
La objeción deberá ser comunicada al director del centro dentro de los cinco días a empezar a trabajar, aunque también prevé que se pueda modificar el ejercicio de este derecho en cualquier momento.
El ministro de Justicia insistió en que el anteproyecto no ha causado divergencias en el seno del Ejecutivo. Con este borrador de la ley, el Gobierno acabará con la ley actual de plazos, que fija el aborto libre como un derecho de la mujer hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la vida o salud de la madre, o graves anomalías en el feto.
Se prohíbe la publicidad de los centros médicos o de los procedimientos para interrumpir voluntariamente el embarazo. Además, la reforma prevé penas para los médicos que realicen aborto fuera de los supuestos establecidos, que podrán ser de hasta cuatro años de cárcel.
"tiempos preconstitucionales" El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, criticó ayer el anteproyecto de ley de reforma del aborto ya que considera que devuelve a España "tiempos preconstitucionales". Bosch señaló que se trata de una regulación "enormemente restrictiva" que aleja a España de otros sistemas vigentes en países europeos, debido principalmente a la derogación de la ley de plazos. "En un Estado aconfesional no se deben aplicar dogmas de fe a toda la ciudadanía. Con esta decisión el Gobierno demuestra que no es capaz de gobernar para la mayoría de la sociedad y que no tiene inconveniente en atacar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", afirmó.
