madrid. El nuevo Código Penal pasó ayer su primer examen en el Congreso con el rechazo de PP, UPyD y UPN a las enmiendas de totalidad que presentó buena parte de la oposición, muy crítica con una de sus principales novedades: la prisión permanente revisable. En el debate, el PSOE, la Izquierda Plural, CiU, PNV, ERC y BNG defendieron sus enmiendas de totalidad y junto a Coalición Canaria o Amaiur denunciaron la política de los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, e Interior, Jorge Fernández Díaz, a los que algún portavoz tachó de "peligro".

Frente a los grupos que piensan que el Gobierno está tejiendo un "entramado legal" para acallar las movilizaciones sociales, Gallardón calificó de "pura demagogia" sostener tal argumentación ya que es "respetuoso" con los derechos de expresión o reunión de los ciudadanos siempre que no conlleven violencia. Además, el ministro destacó el fin resocializador del nuevo Código Penal y defendió la plena constitucionalidad de la prisión permanente revisable, que no es, a su juicio, "inhumana" ni "populista" y que constituía un "compromiso" electoral del Partido Popular.

paz social Por otra parte, el diputado de Amaiur Sabino Cuadra criticó ayer duramente la reforma del Código Penal, que a su juicio "reforzará el estado policial y carcelario en detrimento de las libertades ciudadanas". Cuadra aseguró además que la paz social será sustituida "por el orden público" y el Estado de Derecho pasará a ser un "Estado de Desecho en el que los derechos humanos son arrojados al contenedor".

La prisión permanente revisable se aplicará a casos de excepcional gravedad, como homicidios terroristas, los cometidos contra el Rey o el Príncipe heredero, contra jefes de Estado extranjeros, genocidios y crímenes de lesa humanidad. Además se reserva para casos en los que la víctima tenga menos de 16 años o especialmente vulnerable, en asesinatos múltiples o aquellos cometidos por un grupo criminal o tras un delito contra la libertad sexual.

El nuevo Código Penal fija una duración mínima de tres a cinco años para la libertad vigilada, una medida de seguridad que será revisada periódicamente por el juez ante la peligrosidad y riesgo de reincidencia del condenado. Además, permite a los tribunales perseguir a los clientes de prostitución infantil en el extranjero, cuando se trate de ciudadanos españoles o residentes.