La Lomce está lista... ¿Y ahora qué?

DNA ha preguntado su opinión y cómo afecta la Lomce a los agentes más representativos del sector: Lurdes Imaz, de la Confederación de Padres y Madres de la escuela Pública Vasca (EHIGE); a Aratz Castro, miembro del Consejo de Estudiantes de la UPV/EHU y portavoz de los universitarios del Estado; Julen Elgeta, presidente la asociación de centros privados de Formación Profesional de Euskadi (HETEL); Koldo Tellitu, presidente de Ikastolen Elkartea; Xabier Irastorza de ELA Irakaskuntza; y Josu Etxaburu en nombre de la Asociación de Directores de Secundaria de la red pública (Bihe) y Sarean, la Asociación de centros públicos de Infantil y Primaria de Euskadi.

¿Y ahora qué?, ¿qué debe hacer el Gobierno Vasco contra la Lomce?

Lurdes Imaz: Por una parte utilizar las estrategias jurídicas necesarias para que la Lomce no se aplique en nuestros centros educativos. Además de eso debe acordar con los agentes educativos las medidas necesarias para que no afecte a las y los alumnos, y apoyar a los centros y las familias en el desarrollo de los proyectos educativos propios

Josu Etxaburu: No es de recibo criticar al ministro Wert por imponer una ley sin consenso, y no lograr en el País Vasco un nivel de consenso que permita la concreción de un sistema educativo propio para Euskal Herria. Por tanto, creo que hay que buscar el consenso entre los agentes para caminar juntos contra la Lomce y adoptar medidas que impidan su implantación en la comunidad escolar vasca.

Julen Elgeta: En principio, nos están reuniendo a los diferentes agentes educativos para ir debatiendo, consensuando y desarrollando una estrategia común, lo cual resulta muy positivo. De ese debate seguro que saldrá un acuerdo sólido a llevar adelante entre todos. Y, como ya se sabe, cualquier tema que tenga consenso amplio tiene altas posibilidades de éxito. Creo que es un camino acertado.

Koldo Tellitu: El Gobierno Vasco debe estudiar todas las posibilidades para la no aplicación de los contenidos de una ley que nos parece innecesaria Proponemos tres pasos. Planificar un procesos de no aplicación que logre que la responsabilidad de la no aplicación quede exclusivamente en manos de los centros, familias y profesorado de forma aislada. Debiera liderar un proceso global que sitúe al conjunto de centros educativos vascos fuera de la órbita de la Ley Wert. Acordar con el conjunto de la comunidad educativa los pasos que se propongan para que los mismos se den acompasadamente y no produzcan prejuicios al alumnado, que siempre deben ser lo más importante. Y en tercer lugar, liderar un proceso que articule una legitimidad alternativa educativa y un marco normativo propios, de los que una Ley Educativa Vasca sea su columna vertebral, una Ley con diagnóstico, objetivos y prioridades adaptados a nuestras necesidades, pactada con los agentes educativos y la mayoría de la representación política de la sociedad vasca, es decir, que supere los defectos observados en la denominada Ley Wert.

Aratz Castro: Es necesario que se respete el marco competencial existente y las Comunidades Autónomas tienen competencia en esta materia y sobre todo no destruir aquellos modelos educativos que obtienen mejores resultados. Por tanto, creemos que el Gobierno tiene herramientas, incluido el recurso al TC, para defender un modelo de calidad que ha dado uno de los mejores resultados en cuanto a tasa de abandono aunque eso no puede conformarnos para seguir avanzando.

Xabier Irastorza: El Gobierno Vasco debe optar por aplicar o no la Lomce. Es decir, más allá de recursos al Constitucional debe decidir si quiere confrontar democráticamente con el estado español y no implartar la Lomce en la CAPV o únicamente va a buscar los resquicios que le ofrece la ley para poner los parches que le sean posibles. El PNV ya desechó en los 90 la posibilidad de recurrir al Constitucional en cuestión de conflicto de competencias por considerarlo un tribunal político al servicio de los intereses del Estado. Tratar de hacer frente a la Lomce, una ley orgánica del mismo rango que el estatuto, por la vía legal recurriendo al constitucional, o por medio planes como Heziberri 2020, una ley de educación o través de decretos del Gobierno Vasco es tratar de engañar a la sociedad. Una agresión de este calibre exige una respuesta contundente en clave de confrontación democrática, y desde ahí desarrollar los pilares fundamentales para construir el sistema educativo que necesita y quiere la sociedad vasca.

¿Cuáles son los aspectos de la Lomce que, como colectivo, os preocupan más?

Lurdes Imaz: La participación, porque la Lomce reduce el poder de decisión de las familias y del resto de la comunidad educativa, un factor clave para lograr la mejora educativa. Además, su concepción retrógrada de la educación, porque tiene una visión tradicional de la educación en la que el conocimiento se compartimenta en asignaturas estancas, y porque recupera unas reválidas que ya se descartaron en los años 70, controlando así el currículum y la competencia para emitir títulos. Su afán ideologizador, porque quiere imponer la ideología de un partido en la educación. La la tiene una visión mercantilista de la educación; lo importante no es que el alumnado desarrolle el máximo de sus capacidades, sino apartar del sistema a las y los que "estorban". Además, refuerza la asignatura de Religión colocandola al mismo nivel que el resto de contenidos, una eterna demanda de la Iglesia católica, y no a lo que exigen las familias y la sociedad .

Julen Elgeta: Como centros de FP, hay un aspecto que nos preocupa de una manera importante y es que la Lomce incorpora el paso automático dese el Ciclo de Grado Medio al Ciclo de Grado Superior. Este hecho puede generar muchas consecuencias, todas negativas y todas superadas hace tiempo en la FP de Euskadi. Una consecuencia fácil de identificar sería la creación (de nuevo) de dos vías, la de la Universidad y la de la FP, difuminándose la vía del Bachillerato para acceder a los Ciclos Superiores de la FP. Supondría retornar al enfoque que tenía la FP hace ya bastantes años y que ya se superó por el actual, más moderno, más prestigiado y más eficaz de cara a la inserción laboral.

Josu Etxaburu: En los institutos nos preocupa la rigidez del modelo de Bachillerato Lomce ya que dificulta un tratamiento adecuado de la diversidad de intereses formativos del alumnado de esta etapa: FP, universidad, estudios artísticos y musicales,... No deja competencias a las CCAA para diseñar un modelo flexible y adaptado a la realidad del alumnado de esta etapa. Y en general nos preocupa aquellos aspectos que incidirán negativamente y dificultarán la mejora de nuestra educación pública: el modelo educativo segregador que propone, las evaluaciones de final de etapa (reválidas), la centralización del curriculum escolar, el modelo de organización escolar jerárquico, el modelo de concertación de la enseñanza etc.

Aratz Castro: A nivel universitario nos preocupa aquello que afecta al acceso a la Universidad. Nos preocupa quién y cómo se va hacer la prueba de evaluación final de Bachillerato ya que hasta ahora se basaba en criterios generales y ahora puede depender de cada centro. Además, las universidades podrán establecer pruebas complementarias que supondrían un gasto importante -en traslados y tasas- para los estudiantes y sus familias. Impidiendo que quienes menos recursos tienen puedan acceder a la universidad. Nos preocupa mucho la contestación política y social que demuestra falta de diálogo.Ninguna ley sin diálogo ni consenso puede mejorar nada porque habrá otro Gobierno que la cambiará.

Koldo Tellitu: Por sintetizar, dos cuestiones. Según el diseño que han realizado, la elaboración del currículo y su control por medio de reválidas, realización de ranking de centros y el conjunto de medidas que se proponen en la Ley son competencia exclusiva del Estado. Toda la decisión está en un ámbito alejado de la realidad de los centros, del conocimiento de su alumnado. ¿Quién mejor que el profesorado natural de cada alumno-a para evaluar su evolución, adaptar el currículo a sus necesidades, proponer medidas de mejora concretas? Y por otro lado, los límites que se ponen a la inmersión lingüística. Aunque en el plazo corto puedan ser obviados por el sistema actual de modelos lingüísticos, a medio y largo plazo pueden constituir barreras importantes para un la realización de proyectos de mejora propios, adaptados a nuestra situación. Los resultados de las propuestas escolares deben ser medidos según pautas e indicadores reconocidos internacionalmente. Las propuestas de adoctrinamiento (Wert dixi) y control a la vieja usanza ("la vía navarra" de la que nos estamos enterando estos días por los medios de comunicación) son lo más opuesto a la mejora y el cambio educativo.

Xabier Irastorza: Son muchos, pero por citar los principales... Nos preocupa mucho el que el estado español controle practicamente la totalidad del curriculum y las reválidas condicionen tanto el contenido como la propia línea pedagógica. Es gravísimo que la orientación principal de la reforma sea la de colocar la educación al servicio de intereses privados. Se convierte al profesorado en instructor de academia para la aprobación de reválidas y en comisario que rinde cuentas en función de esos resultados. Se dificulta muchísimo cuando no se impide el desarrollo personal y el seguimiento personalizado de cada alumna y alumno. En la euskaldunización y normalización lingüística necesitamos dar el salto hacia modelos de inmersión lingüística y esta ley los prohíbe. Existe una obsesión adoctrinadora que en palabras del propio ministro "busca españolizar a los alumnos".