el violador reincidente Antonio García Carbonell se convirtió el 24 de octubre en el primer preso común beneficiado por la derogación de la doctrina Parot por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Condenado a 200 años de cárcel por doce agresiones sexuales y varios robos, salió de prisión tras 18 años en los que nunca ha disfrutado de permisos penitenciarios por no reconocer los hechos y no estar rehabilitado. Reaparece en sociedad con 76 años, una edad que le resta posibilidades de reincidir, aunque sus últimas violaciones conocidas las cometió con 58 años.
Un mes después, han vuelto a pisar la calle otros once presos comunes culpables de violaciones y asesinatos. Entre ellos, el considerado el mayor depredador sexual de la historia de España, Pablo García Ribado, condenado a 1.721 años de prisión tras haber cometido 74 violaciones y seis agresiones sexuales. También han sido excarcelados Manuel Lorenzo y Jesús Vela, los dos policías que asesinaron a cuatro miembros de una familia en Nigrán (Vigo), pese a que su sentencia también preveía siglos de prisión -en este caso, 424 años-.
Además de no cumplir las penas de forma íntegra, preocupa la reincidencia. El jueves salió José Antonio Carmona, condenado a 34 años de cárcel por intentar violar y matar a un niño en Girona en 1989 y al que se le impusieron diez años más por el abuso de otro menor.
También preocupan los informes que hablan de la dificultad de rehabilitación, como es el caso de Manuel González González, conocido como el loco del chándal. Entre 1991 y 1993, González agredió con flechas y cuchillos en los glúteos y órganos genitales a 16 mujeres, una de las cuales murió. Fue condenado a 169 años. No consta como rehabilitado y salió este viernes de prisión. Ante su pronta excarcelación, la Audiencia de Barcelona había convocado esta semana a sus víctimas "para ofrecerles información, asesoramiento, atención y apoyo".
El propio secretario general de Instituciones Penitencarias, Ángel Yuste, reconoció que se trata de casos "altamente temibles, con problemas muy graves en la personalidad que hacen muy alta la reincidencia". Tras reconocer la comprensible alarma de la población, las autoridades han intentado calmar los ánimos. Así, los Mossos han activado un "seguimiento no intrusivo" de González, mientras que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-dulce, aseguró haber activado un protocolo de prevención a nivel nacional para supervisar las posibles conductas peligrosas de estos exreos.
La asociación de mujeres Clara Campoamor, que ha acusado a la Justicia de poner "en la calle a bombas de violar y matar", ha exigido más: saber cómo son ahora y dónde están los agresores y el seguimiento con pulseras electrónicas. Sin embargo, según del Código Penal con que fueron juzgados, los doce solo están obligados a comunicar su domicilio a instituciones penitenciarias, tras lo que tienen derecho al libre movimiento. Solo tras la reforma del Código Penal en 2010, los delincuentes sexuales pueden estar sometidos a medidas de libertad vigilada, pero, como ocurrió con la doctrina Parot, esta norma no pueden aplicarse a los doce exconvictos de manera retroactiva.
extender la reclusión Tampoco es posible extender su reclusión en otro tipo de centros. La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social, promulgada en 1970, permitía privar de libertad a los excarcelados considerados no rehabilitados en centros especiales -sin mayor concreción- o aplicar otras medidas como la prohibición de residir en un lugar, aproximarse a la víctima o la obligación de una custodia familiar.
La norma se tornó polémica y fue derogada en 1995 porque para infrinjirla no era necesario cometer un delito. Bastaba con que el tribunal estimara un comportamiento potencialmente criminal, un amplio criterio que choca con la dificultad clínica para estimar la peligrosidad de una persona y el derecho a la presunción de inocencia frente a una especie de vigilancia pre-crimen.
El PP retiró una medida similar de su reforma del Código Penal este año porque tanto el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo Fiscal estimaron que era anticonstitucional. En ese sentido se expresó esta semana la Audiencia Nacional, que pidió a los medios de comunicación que contribuyan a "exagerar el peligro potencial" que suponen los excarcelados. Sin embargo, ya es tarde para muchos municipios.
La ciudad de Valladolid ha entrado esta semana una especie de psicosis colectiva tras la excarcelación de Pedro Luis Gallego, conocido como el violador del ascensor y condenado por un doble asesinato y 18 violaciones. Tras su excarcelación (ha cumplido 20 de los 273 años de condena) aparecieron en las redes sociales especulaciones sobre su ubicación y hubo llamadas al 091 alertando de su presencia. Cuando se constató que vivía en el municipio de Honcalada, varios carteles avisaron: "No queremos asesinos ni violadores ni familiares que le apoyen". Valladolid podría recibir esta semana también a Juan Manuel Valentín Tejero, condenado a 50 años de cárcel por el secuestro, violación y asesinato de la menor Olga Sangrador en 1992.
rechazo El rechazo de las poblaciones donde se cometieron los crímenes es común, como en el caso de Pedro Antonio Seco Martínez, condenado a 90 años de prisión por el asesinato de tres personas en Villarobledo (Albacete), y para el que su propio hermano pidió al juez el destierro. Un caso que preocupa enormemente a las víctimas por su próxima salida es el de Manuel Ricart, condenado en el año 1997 a 170 años de prisión por el secuestro, violación y asesinato las tres niñas de Alcàsser (Valencia). Este miércoles, la Fiscalía no se opuso a su excarcelación, tras lo cual Ricart estaría más cerca de la calle. Varias localidades valencianas relacionadas con el pasado de Ricart coinciden: "Aquí no es bienvenido". Joaquín Villalón Díez, conocido como el asesino señorito por su buen vestir, también está a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid le notifique la extinción de su condena.
Fue condenado a prisión por matar a su amante embarazada. En 1992, cuando accedió al tercer grado y solo acudía a la cárcel a dormir, asesinó a dos transexuales. Sus informes mentales apuntan a un cuadro de alto riesgo y, de nuevo, dificultad de reinserción. En Galicia, la Audiencia Provincial de Lugo estudia esta semana la excarcelación de José María Real López, culpable del asesinato de una niña dos horas después de recibir un permiso de tercer grado de la cárcel. También estudia el caso de Félix Vidal Anido, el violador del estilete, que cuando fue encarcelado con veintitantos, fue descrito como un "psicópata sexual desalmado con deprecio al daño causado a sus víctimas". En ambos casos, la fiscalía se ha opuesto de forma rotunda a su excarcelación.
