madrid. El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, presentará un recurso de casación contra la sentencia del caso Prestige, que condenó a 9 meses de prisión al capitán del barco por un delito de desobediencia, al considerar que la condena debe incluir la responsabilidad civil e indemnizaciones. Así lo confirmó ayer el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras el anuncio de este recurso realizado por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, durante un encuentro organizado por el diario ABC.

Gallardón explicó a los periodistas que además se iniciarán todos los "procesos paralelos" necesarios para exigir "la responsabilidad civil tanto de la naviera como de la aseguradora". "El propósito del Gobierno no es revisar las decisiones que con carácter penal ha adoptado la Audiencia, pero sí insistir en la necesidad de que existan responsabilidades civiles y que sean satisfechas por los autores y responsables del siniestro", aseguró el titular de Justicia.

Poco antes, y durante su intervención, el presidente de la Xunta señaló que es evidente que el Prestige era una "chatarra flotante", que "nunca debió ser autorizada su andadura por los mares de la tierra" y que "la aseguradora sabía muy bien cómo estaba ese barco". Ahora hay que centrarse en lo importante, que es "quién paga" los daños, según afirmó Núñez Feijóo tras confirmar que ayer por la mañana el ministro de Justicia le ha llamado para comunicarle que la Abogacía General del Estado trabajaba en la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El objetivo de ese recurso es intentar recuperar los gastos invertidos en la recuperación de las costas tras los daños ocasionados por el hundimiento del petrolero y, para ello, se reclamará que se incluya en la condena del capitán la responsabilidad civil y que se fijen las indemnizaciones correspondientes. Además, el presidente de la Xunta aseguró que también se estudiarán demandas civiles para intentar "recuperar el dinero" gastado en la recuperación de las costas del país.

Por otra parte, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) registró ayer en el Congreso, a través de sus diputadas Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez, una proposición no de ley y una pregunta para su respuesta por escrito para pedir el "endurecimiento" de la legislación para "evitar" que se repita otra catástrofe como la del caso Prestige, al tiempo que se interesa por las actuaciones realizadas por el Gobierno para proteger la costa gallega. En la proposición no de ley, las parlamentarias nacionalistas también solicitan al Gobierno que transfiera las competencias en materia de seguridad marítima, tanto las normativas como de ejecución que incluyan el control y la inspección de barcos, con el fin de aplicar una política preventiva en relación al transporte de mercancías peligrosas.