MADRID. Las Cortes Generales deberán ahora tramitar esta ley, que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó el 31 de octubre de este año y que permitirá acelerar las bodas y los divorcios, estos últimos con la condición de que sean de mutuo acuerdo y sin que haya menores a cargo.

Además, esta nueva ley permitirá desplazar la celebración a donde deseen los novios, algo que no era posible en las ceremonias religiosas aunque sí en las que se realizan a través del Registro Civil o del Ayuntamiento, donde el alcalde suele delegar en los concejales su capacidad para oficiar estos rituales.

En una entrevista con Efe, el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, ha abierto la posibilidad de que estas bodas puedan celebrarse en alguno de los 17 edificios nobles de la institución y que, por ejemplo en el caso de Granada, es el antiguo Palacio de los Señores de Ansoti del siglo XVII.

De esta modo, uno podrá casarse en el Registro Civil de forma gratuita, en la Iglesia abonando un donativo, en el Ayuntamiento que fija él mismo el precio o ante notario, trámite que según Gallardón tendrá un coste de 95 euros, aunque en caso de desplazamiento la tarifa podría incrementarse levemente debido a los honorarios que los notarios suelen cobrar en estos casos, según Collantes.

La posibilidad de casarse en el despacho de un notario "como si estuviera firmando una hipoteca", opina una ciudadana casada hace tres años, Paqui Gómez, no resulta atractivo para algunos partidarios del matrimonio civil, que cuando celebran sus bodas en Ayuntamientos suelen llevar flores, contratar una orquesta o leer textos sobre el significado del matrimonio.

De hecho, Patricia García, que contrajo matrimonio en el Registro Civil de Madrid el pasado mes de abril, no habría celebrado su boda en el despacho de un notario "no tanto por ella, sino por su familia", aunque reconoce que fue "engorroso" ir una y otra vez al Registro a hacer trámites, algo que si hubiera hecho ante notario "tal vez hubiera ido más rápido".

Sin embargo, algunas voces muestran su desacuerdo con esta medida y argumentan que, con ella, se avanza "en la progresiva privatización de la justicia".

Esta es la posición de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), cuyo portavoz, Carlos Artal Faulo, defiende que otorgar a los notarios la capacidad de casar y divorciar no supondrá un ahorro de tiempo, puesto que al final el casamiento también tiene que pasar por el Registro Civil.

"Nos oponemos totalmente. Esto significa privatizar la justicia porque el arancel que vayan a cobrar los notarios no va a ir al Estado, sino a su bolsillo", ha criticado Artal, quien ha aventurado que, por muy atractivo que parezca, al final esta medida perjudicará al ciudadano.