bilbao. Doce meses después del tráfico suceso de Amaia Egaña, la vecina de Barakaldo de 53 años que se suicidó justo antes de ser desahuciada el 9 de noviembre de 2012, y cuyo fatal desenlace se convirtió en símbolo de la problemática social hipotecaria, los lanzamientos de viviendas se han ralentizado pero sigue sin existir una solución al dramático problema.

Las familias afectadas por desahucios en Euskadi disponen de algunas herramientas de defensa para ralentizar el procedimiento, pero ni la movilización social, ni la sensibilidad de los jueces vascos hacia este drama, han logrado solucionar el problema. Cada día hay nuevos casos de vascos que se deben enfrentar a ese trauma porque cada vez hay más familias que no pueden hacer frente al pago de sus deudas hipotecarias y porque las instituciones no han hallado una fórmula que lo arregle, según reflexionan jueces y asociaciones sociales.

En este sentido, el juez decano de Bilbao, Alfonso González-Guija, indica que "es una realidad" esa crisis de las familias que terminan en casos de ejecuciones hipotecarias por impago y "es cierto que los afectados están consiguiendo una cierta paralización" de esos procesos y que "eso ayuda". "Pero el problema sigue estando ahí", lamenta González-Guija. Según valora, la reforma de la Ley de Ejecución Hipotecaria que hizo el Gobierno central ha permitido "una cierta maniobra de defensa del deudor" y "moratorias para personas en riesgo de exclusión". Por primera vez, el juez puede manifestar su oposición al lanzamiento del afectado de su piso pero, a su juicio, "debía haber profundizado más" en la defensa de los derechos de quienes solicitan créditos. Esos cambios legales llegaron después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de marzo de este año, que reprochó que la regulación española de estos procesos eran contrarias a la legislación europea de protección de los consumidores. A día hoy, "Amaia Egaña hubiera podido ejercer su defensa, pero el éxito de esa acción hubiera sido incierto, ya que es muy complicado que un tribunal termine dando la razón a una persona que no paga una deuda", sostiene. Asimismo, González-Guija pide a los legisladores "que se atrevan a realizar cambios valientes", por ejemplo, respecto a la dación en pago. Sin esos cambios, el contrato está ahí, y "el juez no puede decir que no se cumpla lo establecido", ni puede "inventarse el derecho" para que una familia pueda seguir en su casa, advierte.

respuesta social Las agrupaciones de afectados subrayan que, tras la conmoción social que causó el suicidio de Amaia Egaña, que además provocó una primera reacción de las instituciones, un año después no se ha dado solución a miles de familias amenazadas por un desahucio y que "están en riesgo de quedarse en la calle". Así, coinciden en denunciar "la nula efectividad" del servicio de mediación hipotecaria puesto en marcha por el Gobierno Vasco y en que el asesoramiento legal a los afectados solo consigue retrasar ese final anunciado. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Bizkaia, Begoña Barrutia, apunta que la crisis llegó a Euskadi más tarde que al resto del Estado y de la misma manera que el paro está creciendo ahora más entre los vascos, también está aumentando más en esta zona la amenaza de los desahucios. Ante esta tesitura, sostiene que la crisis de Fagor Electrodomésticos va a acarrear a corto plazo "situaciones dramáticas de quienes no van hacer frente al pago de su hipoteca" y muchos más procesos de ese tipo, si finalmente miles sus trabajadores van al paro y resultan afectadas otras empresas. Por eso, Barrutia exige a las administraciones "medidas valientes" para elaborar una nueva normativa ya que "los bancos siguen sin estar dispuestos a negociar" y, cuando lo hacen, "plantean unas condiciones usureras imposibles para quienes no pueden hacer frente a su crédito, mientras ellos incrementan sus beneficios".

Un año después, no habría forma de impedir que le llagara la orden de desahucio a Amaia Egaña y miles de vascos, van a seguir sufriendo, como lo hizo ella, "ese trauma tan fuerte de recibir una comunicación de que le van a echar de su casa", según "Kaleratzerik ez".

En este sentido, Rosa de la Fuente, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Sendia País Vasco, denuncia que, "después de aquella trágica muerte, los desahucios en Euskadi se multiplican" y los afectados "siguen padeciendo una total situación de indefensión". Así, De la Fuente recuerda que los datos del Consejo General del Poder Judicial, que señalaron que en España hay 524 desahucios al día, de los cuales 15 son en Euskadi, 9 en Bizkaia y 5 en el municipio de Bilbao. Sin embargo, valora la enorme conciencia social que existe ante el drama de los desahucios y la sensibilidad entre los jueces, que son quienes firman esas órdenes. Según De la Fuente, "la situación es tan alarmante o más que hace un año porque no se ha encontrado una fórmula" o "una vacuna jurídica".

Por otro lado, la plataforma Sendia viajará en diciembre al Parlamento Europeo para detallar su propuesta de condonación de la deuda adquirida por primera vivienda y que ésta se declare un bien inembargable. Las organizaciones que luchan contra los desahucios se van a reunir en Arrasate, un año después del primer suicidio en Euskadi por un desahucio, y precisamente en el municipio donde está ubicada planta de Fagor Electrodomésticos.