VALENCIA. La proposición de ley suprime la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat y autoriza al Gobierno valenciano "a la extinción, disolución y liquidación" de la empresa pública RTVV SAU, que gestiona esos servicios.
Además, autoriza al ejecutivo autonómico para que, constituido en junta general de accionistas, disuelva y extinga la empresa pública, y establece que en el acuerdo de disolución se nombrará una comisión de liquidación compuesta por tres miembros para llevar a cabo las actuaciones.
También se indica que la supresión de esos servicios producirá la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, y que RTVV SAU asumirá las consecuencias económicas resultantes del proceso de disolución y liquidación, con cargo a la ley de Presupuestos de la Generalitat de 2014.
Además, la Generalitat responderá de las consecuencias económicas derivadas de la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) en RTVV, una vez dichas consecuencias económicas sean "líquidas, vencidas y exigibles", mientras que se faculta al Gobierno valenciano para cesar a los miembros del consejo de administración de la empresa pública.
El PP ha pedido que, por su "naturaleza y simplicidad", se tramite por procedimiento de lectura única (que impide presentar enmiendas) este texto, compuesto por tres artículos y tres disposiciones.
La proposición de ley de "supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat" y de liquidación de RTVV SAU considera "procedente, en aras de garantizar la prestación de servicios esenciales por parte de la Generalitat", suprimir esos servicios.
El texto afirma que la situación económica de RTVV llevó a redimensionar la plantilla mediante un expediente de regulación de empleo para facilitar su viabilidad, pero fue impugnado y los tribunales lo declararon nulo y determinaron el reingreso de los despedidos, unos gastos que la Generalitat no puede asumir en momentos de crisis económica.
La proposición de ley será tramitada el próximo martes por la Mesa de Les Corts y remitida al Gobierno valenciano para que emita su criterio al respecto, tras lo que estará ya en disposición de ser incluida en el orden del día de un pleno para su debate y votación.
El calendario parlamentario contempla la celebración de sesiones plenarias el 19 y 21 de noviembre, aunque son monográficas sobre los presupuestos de la Generalitat para el año que viene, y el siguiente pleno ordinario está fijado para el 27 y 28 de este mes.
