SANTIAGO DE COMPOSTELA. Los teléfonos, según han informado fuentes cercanas al caso, no situarían a los progenitores de la pequeña cerca de la pista forestal de Teo (A Coruña) en la que dos viandantes localizaron el cuerpo sin vida de la niña de 12 años, pero sospechan, como hoy publica el diario ABC, que hayan podido dejar estos dispositivos en casa deliberadamente.
La acusación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los únicos imputados, que han negado los hechos, se ha elevado de homicidio a asesinato y en el endurecimiento de la calificación han pesado las pruebas forenses -sangre, gástricas y de pelo- al revelar que Asunta era sedada con Lorazepam, un ansiolítico cuyo registro más alto corresponde al día 21, jornada en la que murió la pequeña.
En los respectivos autos de prisión, recurridos infructuosamente, el magistrado, que alude a la "brillante" exposición del fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, ve "clara" la presunta participación de la abogada Rosario Porto en la muerte, y en el caso del periodista Alfonso Basterra introduce un matiz.
"Ha de considerarse que los indicios apuntan firmemente a que el fallecimiento de Asunta se produjo en una sucesión de actos, alguno de los cuales, indiciariamente, se pueden imputar a Alfonso", razona el juez, quien añade que Basterra estaba "con Asunta en dos incidentes anteriores en los que la menor sufrió también presuntas ingestas de fármacos".
La autopsia, todavía pendiente de redacción definitiva y firma, estimaría que la dosis de lorazepam hallada en el cuerpo de Asunta (0,68 microgramos por mililitro de sangre) es bastante como para causar la muerte a alguien de su peso (42 kilogramos), del género femenino y raza asiática.
En el informe inicial, no obstante, se barajó una multicausa, que incluiría una asfixia.
Entre Porto y Basterra no ha existido contacto en el penal coruñés de Teixeiro y a ambos se les ha aplicado el protocolo de prevención de suicidio desde su ingreso.
Sobre la causa sigue vigente el secreto de sumario. Las defensas no han logrado el alzamiento que pretendían y José Luis Gutiérrez Aranguren, el letrado que asiste a Rosario Porto, ha anunciado que recurrirá que el caso se vaya a dirimir por un jurado popular, pese a lo que dicta la ley, al cuestionar la "imparcialidad".
