gasteiz. "Grupos minoritarios, sin argumentos y sin conocimiento de causa, nos están acusando de querer echar a las madres de las casas; nada más lejos de la realidad. El proyecto de ley de corresponsabilidad parental que proponemos tiene como único objetivo el beneficio del menor cuando los progenitores se separan/divorcian", explica Justo Sáez, presidente de la Federación de Padres y Madres Divorciados de Euskadi (Kidetza), integrada por las asociaciones de los tres territorios vascos. "En relación a la vivienda de una pareja divorciada, la nueva legislación tendría que dejar claro que se tiene que preservar el interés del menor, pero también estudiar las diferentes situaciones para ver si pueden ser recogidas en la nueva normativa", añade.

A los colectivos que se oponen al cambio de legislación, Sáez les recuerda que no solo los hombres se ven afectados al verse obligados a dejar el hogar familiar tras un divorcio, sino que también las mujeres -muchas de ellas mayores de 55 años- se ven afectadas cuando deben repartir la vivienda conyugal con su ex maridos en el momento en el que los hijos cumplen la mayoría de edad y ellas se encuentran con que nadie les da un crédito, no tienen dónde ir, no tienen posibilidad de acceso a ninguna ayuda y se quedan en la calle".

Kidetza, en la proposición de ley sobre custodia compartida que tramite el Parlamento Vasco, demanda que tenga en previsión, en casos de necesidad, el derecho de las personas divorciadas a una vivienda de alquiler social. "Con esta aportación queremos enriquecer la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promovimos la pasada legislatura para reconocer por ley la custodia compartida como modelo preferente y que se proteja a los menores en procesos de separación", apunta.