bogotá. El padre Francesco se mueve por las comunas números 6 y 7 del extrarradio de Cúcuta como pez en el agua. Le saludan y saluda, le abrazan y abraza. Es una autoridad querida y respetada. En 17 años ha visto crecer a muchos de los niños y niñas, víctimas del conflicto, a los que enseñan a ser "personas" fundamentalmente en alguno de los siete centros educativos promovidos por los misioneros sclabrinianos y que cuentan con apoyo del SJR. Mete tercera y deja una estela de polvo infinita mientras dirige su jeep por cuestas sin asfaltar de una de las múltiples barriadas ilegales que ha ido colonizando la población desplazada. "Mientras haya desplazamientos habrá invasiones", sentencia sorprendido por otro lado de la presencia de policías en moto que, habitualmente, no aparecen pero "han visto llegar a los blancos y...".

Los padres scalabrinianos llevan 30 años en una colonia de miseria montada sobre cajas de cerillas donde residen más 4.000 familias (unas 7.000 personas). En las comunidades visitadas por el SJR, al que apoya ALBOAN, atienden a un total de 4.440 menores de 5 a 16 años, desplazados o víctimas de la pobreza extrema porque mucha gente no declara su condición de movilizado, "a veces por miedo o por evitar el papeleo". Y hay casos de familias de "paramilitares, excombatientes, que se desmovilizaron y no lo dicen". O gente desplazada desde el 2010 y que sigue sin tener casa. Casi la mitad de los niños viven con papa o mama porque perdieron a un progenitor, o están amenazados. Algunos consiguen comprar su "lote" para hacer mejoras en su casa, colocar agua y luz, lo que dibuja estratos de supervivencia en la misma barriada.

Esta barriada era "zona roja", explica Francesco. "Mandaba la guerrilla hasta que en 2000 hubo cambio de guardia y entraron los paramilitares que, a su vez, en 2004-2005 se desmovilizaron pero crearon nuevas bandas. Todas son iguales porque el interés es el que domina la plata...", reflexiona a quien no le interesan las notas de estos escolares sino que "se valoren y desarrollen sus capacidades". Aunque se porten mal no hay que echarles de clase porque "en la calle no aprenden nada". "Un muchacho con educación puede cometer errores pero tiene criterio y actúa de forma diferente con sus hijos", doctrina. Sí le preocupa que fumen droga, también en las aulas, una situación generada en muchos casos por "la ausencia del padre y la madre en su casa". Los "chavales buscan en la droga, más que su efecto, pertenecer a una subcultura, un estilo de vida, formar parte de un grupo, aunque ello entrañe delinquir y robar". Tras su paso por la escuel con 16 años obtienen un título, en realidad un "pedazo de cartón con el que no pueden hacer nada", admite con cierto tono de escepticismo. "Hay chavales que con 18 años venden gasolina y pueden pagar las medicinas de su madre mientras que el pequeño, con su cartón, no va a ningún lado...", apostilla.

Uno de los residentes le replica: "Los padres scalabrinianos han logrado hacer lo que el Estado no ha sido capaz". La impunidad es total en estas barriadas donde la gente "viene de la violencia y vuelve a la violencia; viven los enfrentamientos entre bandas por el narcotráfico y el contrabando de oro y gasolina". La policía conoce todo, el sistema de vacunas y de extorsión "pero no se investiga incluso cuando cogen con la plata en la mano al delinquente...".

los mangos En la comunidad de Los Mangos, otra barriada de Cúcuta, también han surgido pequeños líderes. El Estado colombiano entregó hace cinco años estas viviendas a más de un centenar de familias, todas víctimas de desplazamientos, pero no les garantizó los servicios públicos necesarios. Quedaron sin luz ni agua, sin transporte, sin vías de acceso, saneamiento, alcantarillado o espacios públicos para los niños. Ni siquiera han legalizado la entrega de estas viviendas. "Cuando llegamos nos tocó sacar agua de un tanque con una manguera, no había luz y tardábamos 45 minutos en llegar a la ciudad", explican. Entre todos, y el apoyo del SJR, contrataron un autobús para enviar a sus hijos al colegio, y el único comedor escolar que acaban de inaugurar es gracias a donativos particulares. Hay viviendas que todavía no tienen luz o la corriente pasa de casa en casa. Aquí llegaron muchos campesinos que tuvieron que malvender sus tierras presionados por bandas. La ley de restitución de tierras no garantiza el retorno seguro de estas familias. "Nadie confía en volver, tampoco mis padres", dice una madre.

La alcaldesa de Cúcuta visitó el barrio hace un año en un momento en que reclamaban transporte público. En lugar del servicio demandado, les pidió la talla de zapato para mandarles unas botas de caucho en apoyo a sus caminatas. Todavía están esperando... La anécdota es real.