madrid. Dos ciudadanos cameruneses presentaron ayer ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda contra el Estado español por haber sido expulsados a Marruecos, junto a otras 71 personas, de la Isla de Tierra en septiembre de 2012, sin acceso al procediendo de asilo y de extranjería. En su demanda, solicitan que el Alto Tribunal condene a España por haber ejecutado una expulsión colectiva, "expresamente prohibida" por el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), negándoles la posibilidad de solicitar asilo en el Estado y acceder a la tutela judicial recogida en la normativa española e internacional, según ha informado Migreurop, red formada por las organizaciones ACSUR, Andalucía Acoge, APDHA, CEAR, Elín, Mugak y SOS Racismo.

"Se cometió una infracción flagrante de la regulación", explicó Mikel Mazkiaran, de SOS Racismo. El caso, que tuvo un importante eco en su momento, se remonta a agosto de 2012, cuando dos embarcaciones arribaron al islote de Isla de Tierra, cerca de las costas marroquíes, con 73 personas, incluyendo mujeres embarazadas y niños.

Varios días después, en la madrugada del martes 4 de septiembre, el Gobierno de Rajoy ejecutó una orden de expulsión colectiva de estas personas a Marruecos. Entonces, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, elogió la "generosidad" por aceptar al grupo de migrantes y afirmó que el Ejecutivo trabajaba con Marruecos y la Unión Europea para encontrar una "solución duradera" a la inmigración por la vía de los islotes de soberanía española que salpican la costa alauí.

Ahora, en la denuncia presentada ante el TEDH, se señala que la Ley de Extranjería, al igual que el CEDH, contempla la obligatoriedad de las autoridades de informar a los inmigrantes interceptados de sus derechos, ofreciéndoles la posibilidad de acceder a un abogado, a un intérprete y a la tutela judicial efectiva. También es obligación de las autoridades proceder a la identificación de perfiles vulnerables que no pueden ser expulsados por cuestiones de índole humanitaria o por tratarse de potenciales personas refugiadas o víctimas de trata. En cambio, "el Gobierno español decidió expulsarles de forma colectiva, sin estudiar de forma individualizada cada caso", según Migreurop. Además, denuncian que su expulsión se produjo hacia un país, Marruecos, "dónde se violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de origen subsahariano", violando el principio internacional de no devolución a países dónde puedan sufrir torturas y tratos degradantes e inhumanos.

contacto con los expulsados Tras varios meses de investigación, las organizaciones españolas de Migreurop, en colaboración con la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), consiguieron localizar en Rabat a dos de las personas expulsadas del islote en 2012, Enmanuelle y Denis, quienes habían conseguido regresar a territorio marroquí tras su expulsión a Argelia. Tras ser informados de sus derechos presentaron la demanda ante el Tribunal de DDHH.