BRUSELAS. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) pidió ayer a la Comisión Europea que abra un expediente por las "cláusulas abusivas" de las hipotecas en España, al tiempo que solicitó su apoyo para el movimiento antidesahucio y que "no legitime" al Gobierno español apoyando la idea de que la paralización de los desalojos pone en riesgo las ayudas a la banca. "Hemos solicitado que se abra un procedimiento de infracción del derecho comunitario sobre consumidores, porque en los procedimientos cerrados no hemos tenido la posibilidad de oponernos por cláusulas abusivas de contratos de hipotecas en España", explicó una integrante de la plataforma, Sara Vázquez, tras un encuentro con el comisario de Empleo y Asuntos Sociales, Laszlo Andor.
Vázquez indicó que también solicitó a Bruselas que "pida responsabilidades" y que apoye la "restitución de los derechos" en todos los procedimientos cerrados. El comisario, por su parte, tomó nota y se comprometió a dar una respuesta "en breve", además de informar a los comisarios competentes, en especial al vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Asuntos Económicos, Oli Rehn, según aseguró Vázquez. La plataforma celebró, además, el respaldo que está recibiendo en la Unión Europea, con premios como el de Ciudadano Europeo que recibió ayer en el Parlamento Europeo o con fallos como el del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que decretó la suspensión cautelar del desalojo de un bloque de viviendas en Salt (Girona) ocupado desde hace meses por 16 familias.
medidas provisionales La paralización del desahucio por medidas provisionales aplicadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sólo afecta a 2 familias y a 9 personas, según informó ayer la Corte de Estrasburgo. Una fuente del tribunal aseguró además que la citada medida no afecta a la totalidad de las 16 familias y 43 personas, de origen gambiano, marroquí y español, que habitan en el edificio afectado, como había indicado uno de sus abogados. En las dos familias de 6 y 3 miembros hay varios niños, razón determinante para que se haya demorado el desalojo hasta el 29 de octubre. Ahora, el Gobierno deberá garantizar, antes del 24 de octubre, que las dos familias serán realojadas. La Corte europea señaló ayer además la "buena colaboración" que habían encontrado por parte de las autoridades municipales de Salt para el realojo de las familias.
Sobre esta decisión del tribunal con sede en Estrasburgo, Vázquez aseguró que se trata de una muy buena noticia porque "poco a poco vamos ganando batallas muy importantes". "Cada gesto es importante", remachó. La portavoz de la PAH recalcó además que el objetivo de este movimiento son "unos mínimos", como que la deuda hipotecaria quede saldada con la entrega de la vivienda y que se paralicen "absolutamente todos" los desahucios, así como poder vivir en las viviendas con un alquiler social.
Vázquez asistió a la reunión con el comisario acompañada por los eurodiputados españoles Willy Meyer (IU) y Raül Romeva (ICV), quienes pidieron un "mensaje claro" de Bruselas "a favor de las personas" y de la vivienda "como un derecho".
