madrid. El copago de fármacos de dispensación hospitalaria ha abierto de nuevo la brecha entre comunidades autónomas después de que diez territorios, entre ellos Euskadi, hayan decidido no aplicarlo, lo que, según el Gobierno español, puede poner en peligro la "equidad" entre los ciudadanos. La medida, que entra en vigor mañana, afecta a un grupo de fármacos -43 medicamentos en 157 presentaciones diferentes- destinados a pacientes crónicos graves (cáncer, esterilidad o hepatitis C), que deberán abonar un 10%, con un tope de 4,20 euros. El motivo de que se dispensen en las farmacias de los hospitales es su alto precio -en algunos casos pueden alcanzar los 40.000 euros anuales- o la necesidad de hacer un seguimiento médico del tratamiento. El Ministerio de Sanidad no dispone de datos sobre el número de pacientes a los que puede afectar la medida, ni tampoco ha realizado estimaciones sobre el ahorro que puede generar, según aseguró Agustín Rivero, director general de Farmacia. "La palabra ahorro no es la adecuada, es equidad, en el sentido de que si el hipertenso o el diabético paga parte de la receta en su farmacia, también se deben pagar los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales", explicó.

sin infraestructura Los motivos que esgrimen las comunidades autónomas para no aplicar la medida son variados. Por un lado, están las que alegan problemas de infraestructura, ya que sus sistemas informáticos no están preparados para realizar el cobro, y, por otro, las que se oponen frontalmente a la medida, algunas de las cuales han anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, como Andalucía o Canarias. Mientras tanto, el Ministerio recuerda que este copago estaba previsto en el Real Decreto Ley de medidas urgentes de sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril de 2012, y advierte a las comunidades de que la ley hay que cumplirla. No obstante, se muestra dispuesto a llegar a un acuerdo con los responsables autonómicos para "ajustar un poco más los tiempos", con el objetivo de que las comunidades lo apliquen "en función de sus disponibilidades", señaló Rivero. El director general quiso dejar claro que este copago no va a afectar a pacientes no ingresados que acuden a los hospitales a recibir su tratamiento como, por ejemplo, los enfermos oncológicos sometidos a ciclos de quimio. Rivero incidió en la necesidad de que la medida se empiece a aplicar "lo antes posible" para que "haya equidad" en el sistema sanitario, aunque en una próxima reunión con las autonomías se va a intentar llegar a un acuerdo .

Además de Andalucía y Canarias, otras comunidades han manifestado abiertamente su decisión de no aplicarlo, como Catalunya, que considera que la medida apenas supondrá un ahorro de medio millón de euros, o Baleares, que rehúsa ponerla en marcha en tanto "no haya unas directrices claras, concretas y obligatorias". Asturias y Euskadi no van a aplicar una medida con la que no están de acuerdo y que tampoco gusta a Nafarroa, aunque ésta "buscará alternativas para paliar sus efectos" si entra en vigor.