vitoria. Sorprendente inicio ayer el de la comisión de investigación por el desmesurado alquiler de los locales del número 10 de la calle San Antonio. La edil Ainhoa Domaica logró arrancar las risas de los asistentes al afirmar que el PP apoyará todas las peticiones de comparecencia de la oposición salvo la del exalcalde porque "Alfonso Alonso -responsable de la firma de un contrato que cuesta a los vitorianos 1.714 euros al día- nada puede aportar a día de hoy en esta sala". Sí es, en cambio, relevante para la concejala la declaración de Patxi Lazcoz y por eso los populares han solicitado que comparezca el exalcalde socialista con Marian Gutiérrez, responsable de Hacienda durante su mandato. Ambos han confirmado que acudirán, al igual que Javier Maroto.

Difícil papel el que tiene el PP para no dañar la imagen de Alonso, ahora portavoz del Gobierno de Rajoy en Madrid, protagonista doble ayer en el Ayuntamiento tanto por el caso San Antonio como por la denuncia hecha pública por los socialistas en la que Lazcoz pone en duda la legalidad de otro contrato rubricado durante su mandato. En este caso se trata del expediente de adjudicación de la construcción y gestión de la planta de reciclaje de residuos de la construcción de Gardelegi a una empresa que ahora aparece en los papeles de la trama Gürtel.

La primera reunión de la comisión de investigación sirvió para que cada uno de los partidos reiterara la necesidad de aclarar lo acontecido con el contrato con el que hace ocho años se hizo el empresario y expresidente del Alavés, Gonzalo Antón, cuya presencia en el Ayuntamiento también será requerida, al igual que la de varios de los técnicos municipales que por su conocimiento del tema puedan aportar algo de luz.

El objetivo de la investigación es doble. De un lado, saber por qué Alonso, como alcalde, modificó las condiciones de un contrato ya aprobado por su gobierno. Un dato nada baladí, ya que este cambio en el contrato es la razón de que el Ayuntamiento no pueda rescindirlo a no se que abone una indemnización millonaria, puesto que le obliga, en caso de cancelación, a abonar veinte años de arrendamiento a Antón. De otro lado, la Corporación desea saber si existe alguna posibilidad de poner fin a un trato altamente lesivo -coinciden todos los partidos- para las arcas públicas y, por tanto, para la ciudad. Una vez escuchadas todas las voces y analizados los informes y documentos, la comisión tendrá que concluir quién es el responsable político -si lo hubo- de este caso.

Para Bildu, formación que primero habló de comisión de investigación, en la calle preocupa muy mucho cómo es posible que el Ayuntamiento pague 600.000 euros al año por unas oficinas de cerca de 900 metros. "Por eso Alonso tendrá que venir a explicarnos por qué firmó", manifestó Antxon Belakortu. De "situación intolerable" tachó la socialista Marian Gutiérrez lo que sucede a día de hoy con el alquiler de San Antonio, un despilfarro de euros en plena crisis mientras el gobierno de Maroto aplica recortes y más recortes amparándose en que no hay dinero. El PNV espera que la comisión les permita de una vez por todas saber qué ha pasado, hasta que punto está atado el Ayuntamiento por este contrato desde el punto de vista jurídico, si existe algún resquicio legal para cancelarlo y cuál es la responsabilidad que puede haber en la firma de un contrato "lesivo para los intereses de los ciudadanos", según Borja Belandia. Tras escuchar las duras palabras de la oposición, el gobierno afirmó que el PP no tiene nada que ocultar, que el contrato se hizo conforme al precio de mercado de entonces porque el Ayuntamiento necesitaba nuevos locales para sus oficinas y que, en todo momento, se respetó la legalidad.