VITORIA. El Gobierno Vasco escenificó ayer su rebeldía ante la decisión del PP de cobrar los fármacos que dispensan los hospitales a los enfermos graves o crónicos desde el 1 de octubre -fecha establecida por el Ministerio que preside Ana Mato para aplicar el gravamen- y amenazó con recurrir la medida. Secundando el clamor de la calle, donde médicos y pacientes se oponen en rotundo al anuncio de pagar un 10% por los medicamentos que se dispensan en las farmacias de los hospitales, el Gobierno Vasco se planta y exige su paralización. La postura es firme y por eso, el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunció que recurrirá por la vía administrativa y judicial, si es necesario, el nuevo copago, al considerarlo "un disparate desde el punto de vista humano, sanitario y administrativo".

Erkoreka argumentó además que el coste de la puesta en marcha del sistema informático para recaudar ese dinero en Euskadi sería superior al ahorro de 200.000 euros que supondría la medida. Erkoreka aseguró que su eficacia en términos de ahorro es nula porque "ni va a tener efectos disuasorios, ni va a tener efectos recaudatorios". Y es que, según subrayó, el esfuerzo económico para su implantación es superior al ahorro que genera, unos 200.000 euros.

Para Erkoreka, se trata de una medida "inútil". "No será disuasoria porque hablamos de medicinas para enfermos crónicos y enfermos graves y, por lo tanto, no depende de ellos el tomarlas o no. Y no tendrá efectos recaudatorios porque el ahorro en el caso de Euskadi podría rondar los 200.000 euros, una cantidad ciertamente insignificante en el contexto de los presupuestos públicos de salud y sanidad", aseveró.

El Ejecutivo de Iñigo Urkullu mostraba así su discrepancia con el nuevo tijeretazo en materia de Sanidad, por lo que podría presentar un recurso administrativo de alzada para pedir su paralización cautelar. Si la resolución fuera negativa, recurriría a la vía judicial e interpondrá un recurso contencioso-administrativo con esa misma petición. Como estrategia paralela, trabajará para hacer un frente común con el resto de comunidades autónomas que se oponen a la medida como Andalucía, Catalunya o Castilla y León en el Consejo Interterritorial de Sanidad para intentar que el Gobierno de Rajoy rectifique y retire el nuevo gravamen.

En la resolución publicada la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Sanidad establece que los pacientes no ingresados en hospitales deberán asumir una aportación por los medicamentos dispensados en las farmacias hospitalarias para tratar enfermedades graves o crónicas, con un máximo de 4,2 euros por envase.

Además Erkoreka criticó que la medida peca de un "defecto procedimiento evidente" porque no se había planteado en el Consejo Interterritorial "salvo de forma tangencial" y, por tanto, el Gobierno Vasco ni tenía constancia de ella ni ha tenido tiempo para preparar su aplicación. Por lo cual, resulta "materialmente imposible" que el copago hospitalario comience a aplicarse en Euskadi el 1 de octubre", resolvió Erkoreka, quien expresó su confianza en que el Gobierno de Rajoy "rectifique" y ningún paciente vasco deba pagar por los medicamentos que recibe en los hospitales para dolencia como el cáncer o la hepatitis.

"Tenemos claro que la puesta en marcha para el 1 de octubre es imposible, ya que los mecanismos y las inversiones administrativas y tecnológicas necesarias para establecer un sistema de recaudación que esté funcionando plenamente en los hospitales es materialmente no se puede tener listo para entonces", añadió Erkoreka, al tiempo que criticó que Rajoy no haya anunciado este nuevo copago con "la antelación necesaria y la requerida lealtad entre administraciones".