vitoria. En el reciente informe anual de la Fiscalía del País Vasco se afirma que ante los casos de corrupción pública ninguno de los órganos judiciales territoriales dispone de medios personales ni materiales adecuados y suficientes para hacer frente a esta preocupante situación. En el caso de Álava se han producido casos que aún no se han resuelto, como el fraude del transporte o el relativo al pago de las comisiones ilegales, y el denominado caso de Miguel. Según la Fiscalía, no se han resuelto por falta de medios humanos y materiales.
La portavoz del PSE en las Juntas, Cristina González, considera que las instituciones deben facilitar que se resuelvan estos casos con prontitud. "Desde las instituciones debemos tomar las decisiones que permitan luchar de forma rápida y eficaz contra la prevención e investigación de la corrupción pública para no admitirla como algo inevitable y para demostrar nuestro compromiso con la desaparición de esta lacra social". Por ello, insta al Gobierno Vasco a dotar de más recursos tanto a la Fiscalía como a las unidades de la Ertzaintza que llevan estos casos.
