Vitoria. Sí, en política es posible que una cosa y su contraria sean verdad. La semana pasada, el PSE exigía al equipo de gobierno vitoriano que entregara el expediente sobre la actualización de precios de 2007 a la UTE adjudicataria de la planta de residuos de la construcción de Gardelegi -una de cuyas empresas está siendo investigada en el marco del caso Gürtel- y que no aparecía en el Departamento de Hacienda. El PP envió inmediatamente el documento a los medios y desmintió categóricamente a los socialistas; el expediente, afirmaban, estaba en su sitio. Al día siguiente el PSE asegura que no, que no está, y que lo que había enviado el equipo de gobierno son fotocopias y documentos sin firmar con los que se había confeccionado, a la carta, el expediente perdido.

Necesariamente, cabría pensar, alguien miente, y por ello la comparecencia del concejal de Hacienda, Manu Uriarte, se esperaba ayer con una expectación que se desbordó cuando entró en la sala de comisiones con tres enormes cajas rojas de documentación -el expediente- y rodeado de funcionarios.

El expediente está porque en el Departamento de Hacienda guardan toda la documentación referida a la adjudicación de abril de 2005 a Lanbide, Escor y Sufi, la firma investigada por, presuntamente, comprar contratos públicos con las empresas de Rafael Correa como intermediarias. Posteriormente, a ese expediente se van añadiendo lo que se conoce como expedientes incidentales, que hacen referencia a hechos posteriores a la adjudicación pero que están relacionados con ella.

En este caso debería haber seis, y sí, uno de ellos no está, precisamente el que debía certificar la actualización de tarifas a la que se refería el PSE. Uriarte, por ello, reconoció que cuando menos se había cometido un error, y que efectivamente el expediente incidental extraviado se había recompuesto con las copias de los documentos originales que justificaron el incremento de precios, que ahora se han incorporado al expediente global con la firma como aval de los ocho técnicos que los aprobaron, y que ayer comparecieron junto al edil popular. "Pregúntenles si han recibido algún tipo de presión", retó Uriarte. Esas copias, por cuya autenticidad ocho funcionarios del Ayuntamiento de Vitoria han empeñado su palabra en un documento oficial -si mienten, delinquen-, dicen que la UTE pidió un aumento de tarifas del 18% y que finalmente se les concedió uno del 4,8%, justificado por el incremento del IPC -la planta echó a andar con bastante retraso- y por ciertas mejoras que impuso el Gobierno Vasco.

¿Hasta qué punto es posible que un expediente, o expediente incidental, se traspapele en los archivos de una administración pública? Fuentes municipales explicaron ayer a DNA que no sólo es posible sino que ha sucedido en más de una ocasión. ¿Es creíble que justo no esté el que buscaban los socialistas? Ayer Uriarte aseguraba a los periodistas, tras comparecer, que en la pura casualidad el PSE había encontrado un filón.

el pse reclama a maroto Los socialistas, por su parte, ni mucho menos se quedaron satisfechos con las explicaciones del concejal de Hacienda, y de hecho van a pedir la comparecencia del alcalde Maroto. La edil Maite Berrocal preguntó a Uriarte por qué esa actualización de precios cuya documentación se ha extraviado no se tramitó a través de la mesa de contratación, como es habitual, y quién ordenó que se hiciera de esa manera. Berrocal quiso saber también la razón por la que no se dijo desde un primer momento que el expediente, o expediente incidental, no aparecía. A la primera pregunta Uriarte respondió que sí, se tramitó "de forma diferente a la habitual, pero con la firma de los mismos técnicos", y en cuanto a la segunda aseguró que el PSE "tiene copias de fotocopias porque les dimos la información con la mayor celeridad", y que "cuando no se encontraba la información se les ha informado de ello".

el contrato de 2005 Al margen de esta actualización de precios de 2007, Berrocal recordó que la adjudicación a Sufi de 2005 aparece al menos dos veces en el sumario del caso Gürtel, en contra de lo que afirmó Uriarte, y por ello le acusó de "mentir públicamente". El PP sostiene que la mesa de contratación que aprobó aquella adjudicación actuó limpiamente y que en ella estaba el entonces concejal socialista, José Manuel Bully, además de técnicos de Medio Ambiente y Hacienda.

En cuanto al hecho de que Sufi pagará 330.600 euros a Nige, empresa testaferro de la red Gürtel por la asistencia -de la que no hay constancia documental- en esta licitación de Gardelegi, tal y como consta en el sumario judicial, Uriarte aseguró que es una "operación mercantil ajena al Ayuntamiento". Para el PSE, es el modus operandi habitual de la trama de Correa.