vitoria. Después de su denuncia de que la adjudicación municipal de la planta de reciclaje de residuos de Gardelegi estuvo en 2005 vinculada con un pago de 330.000 euros de la adjudicataria a una empresa implicada en la investigación judicial de la trama Gürtel, el PSE de Vitoria presentó ayer un nuevo documento con el que pretende acreditar la desaparición de un expediente administrativo en el Ayuntamiento gasteiztarra y avivar así las sospechas.
Aunque el equipo de gobierno municipal de Vitoria se apresuró anteayer a aportar el expediente de la adjudicación de Gardelegi, los socialistas se agarraron a la desaparición de un documento posterior sobre una revisión de precios. El Departamento municipal de Hacienda confirmó al grupo socialista que no está donde debería, ni se ha encontrado, el expediente de revisión al alza de tarifas que se aplicó en el contrato de la planta de residuos.
La empresa principal de la UTE adjudicataria, Safi -luego adquirida por Sacyr- está siendo investigada en la trama Gürtel al figurar como pagadora en la contabilidad B requisada por la Policía a Francisco Correa, jefe de la red de presunta financiación ilegal del PP. Y los socialistas lo vincularon con que, a su vez, Safi pagó 330.000 euros por una labor de asesoramiento a Nige, firma que supuestamente actuaba como testaferro de Correa.
El grupo municipal del PSE se centró ayer en la inexistencia de un documento secundario, sobre una posterior revisión de precios al alza, al expediente principal sobre la controvertida adjudicación de Gardelegi. Los socialistas aportaron el escrito -que se reproduce en esta página- por el que la directora de la Hacienda vitoriana hace constar ante el propio PSE que su departamento no encuentra el documento solicitado, lo que pone en evidencia el envío que el Ayuntamiento hizo anteayer. Y es que el equipo de gobierno municipal envió el jueves a los medios de comunicación un documento bajo el epígrafe Expediente de la modificación de los precios de la planta de RCD para aplacar dudas sobre los motivos por los que se habían incrementado las tarifas del contrato. "Un intento por tapar la verdad", opinaron ayer los socialistas. No recurrieron a más acusaciones.
Los únicos papeles de los que dispone el Servicio de Presupuestos, Contabilidad y Costes de Hacienda son dos informes técnicos (uno sin firma y otro una copia), una notificación interna entre jefes de servicio y el acuerdo de la Junta de Gobierno, que entonces presidía Alfonso Alonso.
El equipo de gobierno municipal no se pronunció ayer, remitiéndose a su comunicación del jueves, cuando aseguró que esa revisión la pidieron los servicios técnicos de Medio Ambiente y recordó que también que fue el propio portavoz socialista Patxi Lazcoz quien subió los precios a Sufi siendo entonces alcalde. No obstante, la ausencia del documento alimenta el discurso acusador del PSE.
"El expediente sigue sin aparecer y reclamamos y exigimos que aparezca", advirtió ayer la edil Maite Berrocal. Ella y otros tres miembros de su grupo habían acudido por la mañana a Hacienda para solicitar una copia del informe, pero se volvieron de manos vacías a pesar de que ya no es verano y toda la plantilla está trabajando. El equipo de gobierno había justificado el jueves que si el PSE no lo tenía aún era porque lo había solicitado en periodo estival y el técnico responsable se encontraba de vacaciones. Pero a las pocas horas, esta razón caía por su propio peso, según los socialistas, al llegar el escrito de la directora de Hacienda explicando el motivo por el que no se había podido entregar el papel, que allí no estaba.
La historia promete polémica, aunque todavía no haya actuación municipal irregular demostrada.
El Ayuntamiento liderado por Alfonso Alonso, alcalde de Gasteiz entre 1999 y 2007 y actual portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, adjudicó en abril de 2005 en concurso público las obras y explotación por quince años de la planta de reciclaje de residuos de la construcción a la UTE formada por las empresas Escor, Lanbide y Sufi. Esta última, investigada ahora por presuntos pagos a la red de Francisco Correa, contrató por 330.600 euros a la firma Nige, presunta testaferro de la trama Gürtel, para que le asesorara en la licitación de la obra. Una operación que, según el PSE, "no está justificada documentalmente" y que, además, aparece en la famosa Caja B.
El PP vitoriano insistió el jueves en que la actuación del gobierno de Alfonso Alonso fue legal. Según justificó, la adjudicación se realizó "por concurso público", el pago de Sufi a Nige fue "una operación privada" entre ambas empresas y la revisión al alza de los precios es algo que hasta el propio Patxi Lazcoz "llevó a cabo siendo alcalde", de un 3,73% en su caso. Los socialistas, sin embargo, consideran insuficientes estas explicaciones mientras no salga a la luz el expediente que justifique el incremento de los precios. Los papeles que el equipo de gobierno remitió a los medios de comunicación no son ese documento, a juicio del PSE, dado que, de ser así, Hacienda atesoraría los originales. En dicho informe atribuye el incremento de precio a que el Gobierno Vasco obligó a realizar un estudio medioambiental del suelo donde se iba a ubicar la planta, lo que retrasó la obra.
