vitoria. La sombra de Alfonso Alonso es alargada. A pesar de estar a cientos de kilómetros, ejerciendo de portavoz del Gobierno de Rajoy, el exalcalde estuvo ayer en boca de todos los concejales de Gasteiz. Como estaba previsto, el Pleno del Ayuntamiento dio luz verde -con los votos a favor de la oposición y la abstención del gabinete Maroto- a la investigación del escandaloso alquiler que los gasteiztarras abonan por los locales del número 10 de la calle San Antonio al empresario Gonzalo Antón.

Una sesión de trámite en la que cada partido repitió su punto de vista. PNV, PSE y Bildu llamarán a Alonso -no está obligado a acudir- para que explique a la ciudadanía gasteiztarra por qué en 2007 dio al expresidente del Alavés un contrato sin sacarlo a concurso, y por qué el acuerdo se blindó por veinte años en beneficio del propietario y en perjuicio de la ciudad, defienden. El PP reiteró que esta comisión sólo puede investigar la gestión del gobierno actual, el de Maroto.

El alcalde será a buen seguro otro de los llamados a declarar. Ayer, confirmó que el PP acudirá pese a todo a la comisión investigadora. Pero dejó claro al PNV que lo mismo que Alonso hizo Cuerda durante su mandato con los locales de San Prudencio. Y que si tan malo es este contrato para los socialistas, Lazcoz debería haberlo investigado antes.

El tercer protagonista de esta crónica es el propio Antón que, a día de hoy, no ha dado muestras de querer rebajar el elevado precio del alquiler -650.000 euros al año-. Como ayer reconoció el alcalde, es el empresario quien tiene la sartén por el mango, porque el Ayuntamiento tendría que abonarle una indemnización de siete millones de euros si quiere rescindir el polémico contrato.

Además de Alonso, Antón y Maroto, es previsible que por la comisión de investigación desfilen también los técnicos que en su día estuvieron al tanto de este contrato de alquiler. La oposición se ha dado un plazo de diez días para iniciar un proceso que en cuatro meses espera tener listas las conclusiones. Ahora, corresponde al alcalde convocar la primera cita, probablemente en la comisión de Hacienda, presidida por la socialista Maite Berrocal, y a PNV, PSE y Bildu consensuar la lista de las personas llamadas a declarar. Para Urtaran, "la sombra de la corrupción es cada vez más cercana". Lazcoz opina que es "el peor contrato del Ayuntamiento" y Belakortu lamenta que "no se devolverá lo ya pagado".