madrid. Treinta días después del trágico accidente de tren en Santiago de Compostela, catorce de las más de 150 personas que resultaron heridas permanecen ingresadas en distintos hospitales, la aseguradora de Renfe ha abonado la mitad de los anticipos solicitados por los perjudicados y el juez instructor que investiga el siniestro ha realizado dos imputaciones: la del maquinista del tren y la del responsable o responsables de seguridad de Adif en el tramo ferroviario entre Orense y Santiago. Sin embargo, la identificación de estas personas se presenta ahora más complicada de lo que podía parecer debido a que Adif ha decidido remitir al juez Luis Aláez una "exhaustiva" relación de todas las personas que han intervenido en la seguridad de la línea desde su construcción hasta la puesta en marcha y explotación. De momento, la empresa no aclara cuántas personas formarán parte de esta lista ni si se limitará a los técnicos o incluirá también cargos políticos.
La decisión de la cúpula de Adif, que ha sido interpretada como un intento de "enmarañar" la investigación y de no asumir responsabilidades, supone que en lugar de identificar ante el juez instructor a una o más personas que el mes pasado estaban al cargo de las medidas de seguridad establecidas en la vía férrea que conecta Orense y Santiago de Compostela, el gestor de las infraestructuras ferroviarias enviará una larga lista de nombres que han intervenido de alguna manera en el diseño, elección, instalación y funcionamiento de los equipos técnicos de la línea. Según señaló ayer un portavoz de Adif, el listado incluirá las competencias y funciones de todas y cada una de las personas señaladas.
Asimismo, la relación incluirá tanto a las personas a nivel central y general como de delegaciones en los distintos ámbitos geográficos, "dando así cumplida respuesta a los informes que solicitó el juez en su auto", añadió la misma fuente. En este sentido, Adif dijo que "está agilizando todo lo posible" la elaboración de dicha relación, si bien, la misma es extensa y precisa de los tiempos adecuados para su elaboración.
elaborar la lista El portavoz del gestor de infraestructuras ferroviarias señaló que, aunque el juez no fija plazos concretos, Adif "procurará la terminación de este y el resto del informe lo antes posible, sin que quepa ahora avanzar ninguna fecha concreta al respecto, para enviarlos inmediatamente al juez y que resuelva conforme entienda y en función de sus competencias".
Lo que ha pedido el juez es un informe con nombres y apellidos de quienes integran el órgano responsable en materia de seguridad en la circulación "con indicación de las capacidades o facultades de cada una de las ellas en la toma de decisiones", al apreciar que podría haberse dado una "omisión de cautelas elementales de quienes tienen que garantizar la seguridad de la circulación" dado que, ante un "importante riesgo" no dotaron al sistema de "ningún recurso que lo resuelva automáticamente".
La responsabilidad del maquinista del Alvia que descarriló el 24 de julio en la curva de Angrois causando 79 muertos quedó bastante clara desde el principio debido a que el propio Francisco José Garzón reconoció que tomó la curva a una velocidad excesiva y muy superior a la permitida en ese tramo. En los primeros interrogatorios el juez instructor se centró en clarificar el comportamiento del maquinista durante el trayecto y en los momentos previos al accidente, y en apenas cuatro días determinó su imputación. Pero unas semanas después, el juez también apreció que el sistema de seguridad de la vía era insuficiente para neutralizar un posible error humano, por lo que decidió imputar a los responsables de esa carencia.
La presunta responsabilidad de Adif y sus directivos en el accidente no solo es un tema de controversia judicial, sino que también ha entrado en el terreno político tras las declaraciones de la diputada autonómica del PP en Madrid Teresa Gómez-Limón, quien tras resultar herida en el descarrilamiento ha reclamado la dimisión de los presidentes de Renfe y Adif y ayer acusó al portavoz adjunto del su partido en el Congreso, Rafael Hernando, de convertirse en representante de los intereses de estas empresas en lugar de defender a los ciudadanos.
los seguros Por otro lado, la aseguradora QBE Insurance Europe, que asume el seguro de responsabilidad civil de Renfe, ha pagado la mitad de los anticipos solicitados por los perjudicados del accidente. Hasta ayer QBE había recibido 77 solicitudes de anticipos y ha procedido al pago de 38, mientras que el resto se abonará en los próximos días.
QBE depositó el pasado 31 de julio 2,75 millones de euros en la cuenta de consignaciones y depósitos del Juzgado de instrucción número 3 de Santiago para "adelantar algunos pagos y ayudar a los damnificados a atender las necesidades económicas más inmediatas". Las cantidades anticipadas son de 25.000 euros por pasajero para los casos de fallecimiento, de 5.000 euros para hospitalizaciones superiores a 8 días, 1.500 para hospitalización inferior y mil euros para los pasajeros lesionados sin ingreso.
