Vitoria. La trifulca con la recogida de perros que se inició entre la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Gasteiz -ya adelantada por DNA-, lejos de corregirse, parece ampliarse a otros municipios. El gobierno de Javier de Andrés ha decidido, mediante decreto, que cada ayuntamiento debe hacerse cargo de la recogida de los canes abandonados o vagabundos, una labor que hasta ahora acometía mediante subvención foral el Centro de Protección de Animales de Armentia.

Sin embargo, la entidad considera ahora este sistema de recogida económicamente "inviable" al generar "costes desproporcionados", manifestaron ayer. El Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) publicó el decreto foral 26/2013 que regula el procedimiento de recogida de perros abandonados o vagabundos en el territorio y la concertación de la prestación del servicio mediante encomienda de gestión de los ayuntamientos. La decisión se tomó el pasado día 1 en el consejo de diputados, aunque no fue hasta ayer cuando fue publicada en el BOTHA.

El texto recuerda que la normativa de protección de animales del País Vasco dispone en su artículo 15 que "corresponderá a los ayuntamientos y departamentos competentes de las diputaciones la recogida de los animales abandonados y de aquellos que, aun portando su identificación, vaguen libremente sin el control de sus poseedores, reteniéndolos hasta que sean recuperados, cedidos o sacrificados".

Además, la normativa autonómica atribuye la recogida de perros abandonados y vagabundos, sean en este caso por suelta voluntaria o por pérdida, inicialmente a los ayuntamientos, quienes pueden ejercerla directamente o concertarla con asociaciones de protección y defensa de animales colaboradoras de la Administración, con entidades supramunicipales o con los órganos competentes de las diputaciones.

En Álava, la recogida de dichos animales se realizaba por el Centro de Protección de Animales de Armentia, dependiente del Ayuntamiento de Vitoria, gracias a la subvención que anualmente otorgaba el Departamento foral de Agricultura para su financiación. Sin embargo, la Diputación ha explicado que con el transcurso del tiempo, este sistema ha resultado económicamente "inviable", ya que "el procedimiento de recogida genera costes desproporcionados al haberse convertido en un servicio a la demanda y permanente, con jornadas laborales extraordinarias del personal auxiliar y de los servicios veterinarios".

Con esta decisión, cada ayuntamiento abonará los costes que surjan del traslado de los perros al centro de Protección de Animales de Armentia, quedando ahora la financiación del mismo únicamente en manos del Consistorio gasteiztarra. Desde el ejecutivo local aseguraron ayer que la ausencia de la subvención que hasta ahora llegaba de la Diputación no supondrá un cambio de rumbo en la labor del centro, que funcionará "como hasta ahora", acogiendo a los perros de la capital alavesa y puntualmente a los de otros ayuntamientos que no tengan medios para hacerse cargo de ellos, aunque a partir de ahora serán esos consistorios y no la Diputación los que pagarán ese trabajo extra.

Nuevo sistema Ante esta situación y tras revisar la normativa vigente, el decreto foral establece un nuevo sistema de organización de la recogida de los perros que sitúa en el propio municipio donde aparece el perro las actuaciones y medios necesarios. Cada ayuntamiento deberá detectar la existencia en su municipio de perros sin control de su dueño, y efectuar la recogida para su identificación, depósito y gestión de la entrega directa al dueño o poseedor titular, según su censo.

Posteriormente, si estuviera sin censar o sin identificación, y si así se decidiera, deberá gestionar el traslado y depósito al centro concertado de protección, que en su caso, se determine por el ayuntamiento, bien sea dependiente de una asociación de protección y defensa de los animales, entidad supramunicipal o los órganos competentes de la Diputación.

Desde el gabinete liderado por Javier de Andrés entienden que esta decisión permitirá a partir de ahora mantener un mayor control del volumen de perros de cada localidad del territorio histórico de Álava. Un objetivo para el que instan a los dueños de los animales a instalar el microchip y poder así facilitar su localización en caso de pérdida.

Con todo, una petición que se atisba complicada de cumplir teniendo en cuenta que actualmente los perros que pueblan muchas pequeñas localidades alavesas no cuentan con este chip, al considerar sus dueños que no lo necesitan al tratarse de animales que no se limitan a permanecer en un recinto cerrado y cuentan con libertad para moverse por las calles de las diferentes zonas rurales. Así las cosas, a partir de ahora cada pueblo alavés tendrá que encargarse de cuidar de sus perros bajo sus propios medios.