Sevilla. El abogado sevillano Fernando Osuna, ha presentado su primera denuncia en nombre de los familiares de una vecina de Madrid que murió a finales de 2010 como consecuencia de un cáncer que los informes médicos "acreditan sin ninguna duda que fue consecuencia del tabaco". Este abogado también representa a enfermos residentes en Palma de Mallorca, Zaragoza, Valencia, La Coruña, Valladolid, Badajoz, Nafarroa y Murcia, como consecuencia de un trabajo de varios años de su bufete junto con asociaciones antitabaco.

Osuna señaló a Efe que su iniciativa es pionera en el Estado español para denunciar por la vía penal a tres responsables de los ministerios de Sanidad y Economía por su "pasividad y tolerancia y por no hacer nada para impedir que se introduzcan en los cigarrillos sustancias mortales o muy graves para la salud". La denuncia se dirige contra el secretario general de Sanidad y Consumo y el director general de Salud Pública, dependientes del Ministerio de Sanidad, y contra el presidente del Comisionado del Mercado del Tabaco, organismo vinculado al Ministerio de Economía.

Después de varios años de trabajo, su bufete ha reunido historias clínicas y documentos médicos que acreditan "una relación directa" entre el consumo de tabaco y las enfermedades que presentan los afectados. El abogado no quiso adelantar las indemnizaciones que reclamarán porque, en caso de que su denuncia se admita a trámite, se abrirá "un proceso pesado y lento, y un largo camino" antes de ir depurando responsabilidades y finalmente solicitar unas responsabilidades civiles derivadas del presunto delito.

Explicó, eso sí, que la vía penal "es la voluntad de las personas" a las que representa, aunque en el Estado "no se había hecho prácticamente nada en ese sentido". Pese a ello, se mostró convencido de que "es un contrasentido que el Ministerio de Sanidad, que debe velar por la salud de las personas, permita que se introduzcan en los cigarrillos sustancias que son mortales o producen graves daños a la salud". Los altos cargos denunciados, "por sus competencias son quienes deberían evitar esos problemas de salud", zanjó el abogado.

50.000 muertes Según su denuncia, estos altos cargos "desde la responsabilidad que detentan en la Administración han consentido y consienten la presencia y comercialización de productos altamente tóxicos en los cigarrillos capaces de provocar cada año más de 50.000 muertes sólo en España además de graves enfermedades en cientos de miles de ciudadanos".

A juicio de Osuna, es "absolutamente intolerable" que la Administración "mire hacia otro lado en un asunto de tanta repercusión social y sanitaria" y que dé primacía al "efecto recaudatorio del tabaco por encima de la salud de los españoles, máxime cuando es conocido que alrededor del 80% del precio del tabaco corresponde a impuestos".

Precisamente ayer se hacía público el último Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en el que se refleja que los ciudadanos consideran que la Ley antitabaco se cumple en los bares y restaurantes pero cada vez menos en los alrededores de los colegios y hospitales.

Los familiares de una fallecida de cáncer presentan informes médicos que acreditan la relación con el tabaco

Una mujer dando una calada a un cigarrillo. Foto: Pablo Viñas