vitoria. El Ayuntamiento de Vitoria extendió la duración del contrato de alquiler de las oficinas municipales de la calle San Antonio que le arrienda el empresario Gonzalo Antón de diez a veinte años para que las cuotas mensuales, que incluían el importe de las obras realizadas por el arrendador, fueran más llevaderas. Así lo aseguró ayer el alcalde, Javier Maroto, que comparecía a petición de los tres grupos de la oposición en la comisión de Hacienda para aclarar por qué el contrato con Antón, que debía extenderse por una década según el acuerdo adoptado en la Junta de Gobierno Local el 9 de febrero de 2007, blindaba el alquiler el doble de tiempo.
La cuestión es que la cláusula 3 del citado contrato estipula que las obras se abonarán, no en veinte, sino en cinco años, que empezaron a contar en el otoño de 2009, precisamente cuando éstas culminaron, según denunció el concejal de EH Bildu Antxon Belakortu, que acusó al alcalde de haber mentido ante el marcaje de la oposición.
Maroto aseguró que a la Junta de Gobierno Local llegó aquel 9 de febrero un "borrador" que se aprobó con su beneplácito -era entonces concejal de Hacienda- y que estipulaba diez años de contrato. No era ese el plazo, sin embargo, pactado entre el Ayuntamiento y la empresa de Antón, Sbayre, y por tanto se realizaron las pertinentes correcciones al margen de los cauces habituales a petición, afirmó Maroto, de la propia empresa. Tanto el alcalde como el propio Antón han afirmado que no hubo intervención política en esta decisión, cargando la responsabilidad, si la hubiere, en los técnicos, y exculpando al entonces alcalde, Alfonso Alonso.
Maroto echó ayer mano de varios correos electrónicos cruzados entre técnicos municipales y responsables de Sbayre para demostrar que efectivamente el acuerdo verbal era por veinte años, pero lo que más preocupaba a la oposición no era tanto esto como el hecho de que Alonso se saltara un acuerdo del órgano de gobierno municipal por su cuenta y riesgo como corrobora, además, un informe de los letrados municipales.
"el acuerdo va a misa" "El acuerdo de la Junta de Gobierno Local va a misa y era por diez años; siete días después el alcalde lo dobla. ¿Qué ocurrió?", se preguntaba el portavoz del PNV, Gorka Urtaran. "¿A quién benefició el cambio de las cláusulas? Éste es un contrato de ingeniería política que se rige por el derecho privado y por eso está blindado", denunciaba a su vez la edil socialista Marian Gutiérrez. Belakortu, por su parte, denunciaba que Alfonso Alonso "vino con una factura de seis millones de euros y se marchó". El concejal abertzale, que solicitará la creación de una comisión de investigación sobre este tema, recordaba en ese sentido que los técnicos recomendaban abonar alrededor de tres millones por todo el contrato, y no el doble, y que la legislatura de Alonso estaba a punto de expirar cuando lo firmó.
Según explicó Gutiérrez, concejala de Hacienda con Patxi Lazcoz cuando éste sucedió a Alonso -escasos meses después de la firma del acuerdo- durante la legislatura del PSE se buscó la manera de rescindirlo, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo desaconsejaron porque había escasas posibilidades de ganar el caso en los tribunales y los costes del proceso podían ascender a alrededor de 200.000 euros. "No hay nada que hacer", lamentó Gutiérrez, y así, el Ayuntamiento tiene dos opciones, seguir pagando mes a mes hasta 2027 o romper unilateralmente el contrato, marcharse de estas oficinas de la calle San Antonio, donde se ubican los servicios sociales de base y el Síndico, y pagar igualmente el dinero correspondiente a los 20 años acordados con Antón.
Así lo confirmó también el propio letrado mayor del Consistorio, Pedro José Goti, quien explicó que los correos electrónicos presentados por el alcalde como prueba ante los concejales probablemente no servirían ante un juez para deshacer el contrato sin perjuicio económico para el Ayuntamiento.
En cuanto al elevado precio del alquiler, el propio Gonzalo Antón afirmaba el miércoles en un medio de comunicación que se fijó en 14.500 euros al mes con importantes subidas anuales -a día de hoy se abonan 24.500 euros por cuota-, porque otros posibles arrendatarios estaban interesados, el Consistorio quería instalarse allí -pese a que fue Antón quien en primera instancia se dirigió a la institución para ofrecer el local- y por tanto pujó ofreciendo más dinero.
En ese sentido, la secretaria general del Pleno denunció hace escasas fechas que la operación no se realizara mediante concurso público, lo que habría impedido el sobrecoste del alquiler. Según el alcalde, la estratégica ubicación del local faculta a la Junta de Gobierno Local a adjudicar directamente el contrato.
molesto con el pnv Por otro lado, ayer Maroto se sentía singularmente molesto con el hecho de que el PNV pidiera su comparecencia para aclarar esta cuestión, y así se lo hizo saber a Gorka Urtaran, a quien acusó de tratar de hacer el doble juego de apoyo del gobierno y "hooligan" de la oposición. El alcalde recordó que con el alcalde Cuerda, también del PNV, ya se cerró un alquiler por veinte años, el de las oficinas de la calle San Prudencio, y lanzó además un enigmático mensaje que sonó a advertencia. "Si quiere recuerdo quién era el propietario del local y el concejal entonces", afirmó. Urtaran aclaró al alcalde que, efectivamente, aquel arrendamiento era por veinte años, pero no existía cláusula de penalización por la ruptura del mismo, y por lo tanto no estaba blindado.
El portavoz municipal del PNV en el Consistorio gasteiztarra afirmó que con los 2,6 millones de euros pagados hasta la fecha a Antón ya se podría haber comprado el local.
