vitoria. Han pasado ya trece años desde que los propietarios de las treinta parcelas que rodean al polígono industrial de Jundiz asistieran a la expropiación de sus tierras para la ampliación del Centro de Transportes de Vitoria (CTV). Tras más de una década de litigios y peleas judiciales y políticas, los dueños de los terrenos empiezan ya a ver la luz al final del túnel de la única forma que consideraban justa, recibiendo los primeros pagos por su expropiación en los términos económicos establecidos por la justicia. Tasados en su momento por los técnicos municipales por un precio de 28 euros por metro cuadrado, la junta de expropiación decidió en su momento elevar dicha tasación hasta los 155 euros por metro cuadrado, cantidad que recibirán finalmente los propietarios de los 200.000 metros cuadrados situados en los alrededores de Jundiz.

En total, 31 millones de euros que las instituciones abonarán a los dueños en un plazo de cinco años a razón de 6,2 millones de euros. Una cantidad que el CTV procederá a transferirles cada 31 de octubre, a partir del presente año hasta el 2017. Sin embargo, según ha podido saber este periódico, el Gobierno Vasco -con una participación del 11,35% en el accionariado del CTV- procederá hoy mismo a pagar su parte correspondiente en lugar de aguardar a otoño para formalizar el pago, por lo que los dueños de las tierras saben ya que podrán contar al menos con esta cantidad en su poder, como les transmitieron sus representantes judiciales durante la reunión celebrada el pasado lunes.

Así las cosas, la parte porcentual de los 31 millones de indemnización correspondiente a Lakua que debería acabar en las cuentas corrientes de los treinta afectados sería en total 3.518.500 euros -703.700 euros anuales en cinco años-, quedando el resto del dinero a expensas de las cinco patas del accionariado restantes: 44,78% de la Diputación Foral de Álava a través de Álava Agencia de Desarrollo; 26.95% de Kutxabank; 7,41% del Ayuntamiento de Vitoria; 9,06 de la Cámara de Comercio de Álava y 0,45% de SEA Empresarios Alaveses. Cabe destacar que, de los 31 millones citados como montante total para los afectados por las expropiaciones, 11,4 millones corresponden únicamente a los intereses generados. De hecho, el Consistorio gasteiztarra pagará más en intereses que el justiprecio establecido en 2002.

un proceso polémico A partir de ahora los dueños de las parcelas deberán aguardar a que el resto de instituciones públicas y privadas que forman parte del accionariado del CTV abone el próximo 31 de octubre la parte que les corresponde hasta completar los 6,2 millones que recibirán anualmente hasta 2017. Aunque su deseo inicial pasaba por disponer de golpe de la indemnización fijada por las autoridades judiciales, un reciente auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estableció que el abono se realizará finalmente en cinco años. Así las cosas, los titulares de las parcelas cuentan en su poder desde el pasado lunes con un documento en el que se pormenoriza las cantidades prorrateadas que percibirán cada uno de ellos durante este tiempo.

Pasados ya más de diez años desde que arrancara un proceso de ampliación del Centro de Transportes de Vitoria marcado desde el inicio por la polémica, la justicia y el paso del tiempo ha acabado dando la razón a los afectados, que no dieron su brazo a torcer cuando la tasación municipal estableció un precio por metro cuadrado 127 euros menor del que se les abonará definitivamente. Mientras tanto, el CTV prosigue su particular via crucis marcado por la recesión económica que afecta a sus empresas y un complicado futuro a corto y medio plazo que podría requerir una ampliación de capital.