MADRID. Burgos ha presentado esta propuesta en el Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha explicado las actuaciones que han diseñado para dar cumplimiento a la sentencia que declaró inconstitucional la regulación de la forma de acreditar los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial.

Lo que se plantea es reducir el período mínimo de cotización de tal forma que ya no será de 15 años cuando el trabajador tiene cotizaciones por jornadas a tiempo parcial.

El período mínimo de cotización exigido se ajustará al coeficiente de parcialidad que acrediten a lo largo de toda la vida laboral estos trabajadores con respecto a la de tiempo completo.

Así, si un trabajador tuviera un coeficiente de parcialidad del 50 % (su jornada laboral fuera la mitad de la completa) el período mínimo de cotización que tendría que acreditar para la jubilación no serían 15 años sino 7,5 años, explica Empleo en una nota.

En cuanto al cálculo de la base reguladora, Empleo plantea el mismo que hay ahora, es decir, el promedio de las bases de cotización del interesado correspondiente a los 16 años (en 2013) inmediatamente anteriores al hecho causante.

A esta base reguladora se le aplica un tanto por ciento en función de los años cotizados que dará como resultado la cuantía de la pensión.

Se partirá del periodo mínimo de cotización del trabajador al que se le aplicará un 50% sobre su base reguladora.

A partir de ese periodo mínimo, todo el tiempo que lo supere incrementará ese porcentaje en función de la escala general de la jubilación ordinaria.

Si se implantarán estas novedades el 40 % de las personas que no podrían haber alcanzado una pensión con la anterior fórmula ahora lo podrían hacer, ha pronosticado el secretario de Estado.

Para Tomás Burgos esta "necesaria proporcionalidad" podría trasladarse a los complementos a mínimos de las pensiones, de los que ha dicho que constituyen una "expresión de la solidaridad", pero que deben "guardar equilibrio" con el esfuerzo realizado y no ser una "puerta de atrás" para obtener beneficios desproporcionados.

Sobre este punto han expresado sus dudas los portavoces del PSOE, Isabel López i Chamosa, del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila (BNG), y del PNV, Emilio Olabarria, quien ha precisado que la fórmula del Gobierno, en general, no es mala si se configura bien.

Como solución lógica ha definido el planteamiento global el portavoz de UPyD, Álvaro Ánchuelo, quien ha defendido que exista una cuantía diferente entre las pensiones de los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo.

Joan Coscubiela (en nombre del grupo parlamentario de Izquierda Plural) ha considerado que se podría avanzar en utilizar los 25 años para calcular la base reguladora, ya que supondría aplicar la fórmula de un día trabajado un día cotizado.

Carles Campuzano (CiU) ha afirmado que el acuerdo es "posible", para lo que ha pedido "mayor finura" a la solución que se dé y que se amplíe la protección social que se genere Carolina España (PP) ha considerado que la nueva regulación no puede producir distorsiones ni discriminaciones con el resto de trabajadores.

El secretario de Estado ha precisado que está abierto al consenso con los agentes sociales y que hay "muchas posibilidades" de lograrlo.

No obstante, ha rechazado que se aplique el principio de un día trabajado a tiempo parcial compute como un día cotizado completo o que quien ha trabajado por 200-300 euros pueda esperar una pensión de 600 euros.