DONOSTIA. El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), controlado por Bildu, suspendió el pasado viernes la ejecución de las obras de la incineradora que estaba prevista en la zona de Zubieta de San Sebastián porque, según argumentó, "el proyecto no cumple la normativa medioambiental exigida por el Gobierno vasco".

Según ha confirmado hoy a EFE el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, el Ministerio Público abrirá ahora unas diligencias de investigación para estudiar el aspecto económico de esta operación, "sobre todo, el desfase que se ha producido, sin prejuzgar ni atribuir culpas a nadie".

Calparsoro ha aclarado que con estas diligencias pretende determinar si existe "alguna responsabilidad legal" en los "gastos y los costes" que se asumen en una operación que "al final supone un coste para el ciudadano" y para el "erario público" pero que, en todo caso, es preciso "estudiar".

Por su parte, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, ha señalado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que la institución foral "está totalmente tranquila" ante la investigación de la Fiscalía.

Ugarte ha explicado que las diligencias anunciadas por Calparsoro podrían intentar determinar si en este caso se ha producido prevaricación, un delito que "consiste en que una autoridad o un funcionario público emite una resolución administrativa contraria a derecho a sabiendas de su injusticia" algo que, según ha dicho, "no ha pasado con el actual Consorcio de Residuos de Gipuzkoa".

"Es más -ha añadido-, nosotros entendemos que lo que ha hecho ha sido un acto de responsabilidad que ha sido refrendado también por el voto de la Diputación, que es absolutamente responsable en los actos administrativos que realiza".

Ugarte ha señalado que "habría que ver si la anterior gestión de GHK ha sido igualmente responsable o si ese posible delito de prevaricación es aplicable a otros Consejos de Administración del consorcio".

Respecto a las sanciones económicas que eventualmente pudieran derivarse de esta investigación, la portavoz foral ha recordado que en estos momentos aún "se está hablando en términos totalmente especulativos", si bien ha insistido en que la Diputación "está tranquila porque está aplicando la ley con total rigor y responsabilidad".