Madrid. Cuestiones clave de la red vasca de alta velocidad como el desarrollo de las obras de la Y ferroviaria, su conexión a través de Burgos y Nafarroa y la fecha de su conclusión seguirán inmersas en la incertidumbre debido a que el Gobierno español y el PP rechazan ampliar la encomienda de gestión de nuevos tramos del TAV al Gobierno Vasco y no ofrecen un calendario y una financiación realista para esta infraestructura.
Tal y como anunciaron ayer, los diputados del PP votarán hoy en contra de una moción del PNV -enriquecida con enmiendas del PSOE y Foro Asturias- que proponía "ampliar el convenio de colaboración entre el Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco y Adif para la construcción de la nueva red ferroviaria, haciendo la encomienda extensiva a la totalidad de los tramos de la Y vasca que aún no han sido licitados, con el objetivo de que todas las obras de plataforma de esta red estén concluidas antes de finales del año 2016". A pesar de que hace dos meses el PP aceptó estudiar la posibilidad de que el Gobierno Vasco se haga cargo de la ejecución de algunos tramos de los ramales alavés y vizcaíno, extendiendo el modelo seguido en Gipuzkoa, ahora rechaza esa ampliación y se escuda en razones presupuestarias para justificar el retraso de las obras y los cambios en los proyectos de conexión.
En su defensa de la moción, que hoy será sometida a votación, la diputada del PNV Isabel Sánchez Robles dijo ayer que la respuesta de la ministra de Fomento a su petición de "jerarquización, priorización y planificación de las obras de la alta velocidad ferroviaria en España" ha sido el inmovilismo". Sánchez Robles, que acusó a Ana Pastor de defenderse con "reproches y victimismo", explicó que ante la falta de "un mapa claro" de la alta velocidad ferroviaria que permita avanzar "de forma ordenada en su ejecución", el Grupo Vasco planteaba "una solución de desbloqueo".
Prioridades Esa solución pasa por "jerarquizar y planificar los distintos proyectos atendiendo a los criterios de prioridad que marca la UE para ir ejecutando las obras a medida que se disponga de recursos". Frente a esta propuesta la actitud del Gobierno español y del PP es -dijo Isabel Sánchez Robles- "una huida hacia adelante" y "una visión revisionista, anclada en el pasado y plagada de prejuicios y quejas". Y el resultado de todo esto es que "la única infraestructura de envergadura que el Estado ha construido en Euskadi está inconclusa y sin fecha cierta de terminación".
Tanto a la diputada del PNV como al socialista Odón Elorza, que apoyó la moción del Grupo Vasco y explicó el párrafo que le habían añadido, les preocupa mucho la posibilidad de que la Y vasca quede aislada del resto de la red ferroviaria por el retraso y los cambios técnicos que se acumulan en los tramos de conexión de la CAV con la meseta, a través de Burgos, y el eje Mediterráneo, a través de Nafarroa. En este sentido, la moción insta al Gobierno español a presentar "en dos meses un plan detallado de inversiones con fechas de licitación y de finalización para las obras pendientes de plataforma y superestructura" de estos tramos. Elorza se mostró en contra de la solución del 'tercer hilo' planteada para la conexión navarra y apuntó causará problemas técnicos.
La financiación Por otra parte, el Ministerio de Fomento, que la semana pasada anunció la licitación de algunos tramos de la Y vasca que estaban paralizados por falta de presupuesto, podría solventar este inconveniente con una emisión de bonos que prepara Adif. Según fuentes del gestor ferroviario, Adif trabaja para lanzar a finales del próximo mes de julio una emisión de títulos de deuda que podría ascender a unos 600 millones de euros.
Con esta fuente de financiación adicional y alternativa a los Presupuestos Generales, Adif podría financiar los proyectos de alta velocidad que ahora están ralentizados o parados. Entre los proyectos inmediatos de Fomento se encuentra la Y vasca.
El recurso a los mercados financieros se enmarca en la estrategia de Adif de "buscar distintas alternativas de financiación", de la que también forman parte otras medidas, como la cesión a la gestión por parte de la iniciativa privada de su red de fibra óptica y los aparcamientos, o la subasta de estaciones de tren en desuso.