madrid. Greenpeace presentó ayer alegaciones ante el Ministerio de Industria al cierre de la central nuclear de Garoña, donde pide que el cese sea "definitivo e irreversible" por sus "grandes deficiencias en seguridad". Según la organización ecologista, Nuclenor, propietaria de la planta atómica, "no quiere hacer las inversiones exigidas en seguridad y confía en que José Manuel Soria (ministro de Industria) le dé una salida política" para no cerrarla definitivamente.

Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, ha alegado que pedía su cierre por los altos impuestos del Gobierno, pero "la realidad es que no está dispuesta a hacer las inversiones en seguridad que le exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)". Por tanto, "sólo a través de una peligrosa estratagema política por parte de Soria, la planta podrá eludir las mejoras de seguridad, en el caso de solicitud de una nueva licencia de explotación".

El pasado día 19, Soria confirmó que el cierre de Garoña será el próximo 6 de julio -tal y como establece una orden ministerial de 2009-, dada la imposibilidad de Industria de cumplir los plazos legales para que Nuclenor tuviera la opción de decidir si pedía una nueva prórroga de su vida útil. Sin embargo, el ministro dijo que su cartera seguía estudiando el caso pues el cese de actividad de la planta no se debía a causas de seguridad sino a razones económicas, que es lo que aduce Nuclenor. En opinión de Greenpeace, la clausura de la instalación "debe ser definitivo y obligatorio porque así lo dice el Consejo de Seguridad Nuclear y así lo solicitan los dueños (Endesa e Iberdrola)". Y añade que "las actuaciones en materia nuclear responden a razones de interés público y no pueden estar condicionadas por motivos económicos particulares, ya que afectan tanto al medio ambiente como al modelo de desarrollo".

Además, tanto el CSN como Nuclenor "están solicitando un cese definitivo de explotación y no hay ningún reglamento o disposición que avale ninguna otra situación ni posibilidad. Por lo que esta declaración de cierre es definitiva, y no puede ser revocada en ningún caso". En las alegaciones, la organización ecologista subraya que los motivos económicos alegados son "falsos". Nuclenor dice que las repercusiones económicas debidas a los nuevos impuestos eran el motivo de la solicitud del cese y, después, pidió licencia para operar sin producir electricidad, es decir sin obtener ingresos.

"La diferencia entre la situación de funcionamiento y parada es que en la primera el CSN exige inversiones en seguridad y en la situación de parada no, por ello, si tienen que invertir en seguridad, quiebran. Por tanto los verdaderos motivos económicos son que únicamente con sus ingresos no pueden hacer frente a las inversiones en seguridad", añade.