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El drama de los desahucios existía mucho antes de convertirse en gasolina mediática. La vergüenza de las víctimas y su soledad en la lucha con las entidades bancarias disimulaban el alcance de la tragedia. Tuvieron que ser ciudadanos sensibles, incapaces de obviar una realidad que cada vez latía con más fuerza, los que arrancaran vendas, removieran conciencias y forzaran cambios legislativos. Gente como Aimar y Gorka, integrantes de Kaleratzeak Stop Araba, plataforma que acaba de cumplir un año. "¿Nuestro deseo? Disolvernos, por supuesto, porque eso significaría que no hay ni habrá desahucios, que se respeta el derecho fundamental a la vivienda", afirman. Pero ese horizonte aún no es visible. El colectivo tiene activos veinte casos. Y apenas suponen la punta de un iceberg que no deja de engordar.
Hay tanto que hacer que rendirse jamás entrará en sus planes. Por eso mismo nació Kaleratzeak Stop Araba, por un urgente deber de luchar. "Coincidimos gente de Vitoria en reuniones de las plataformas que ya existían en Gipuzkoa y Navarra. Y decidimos crear una aquí. Colgamos carteles que habíamos fotocopiado en nuestros trabajos, anunciando la asamblea constitutiva. Ese día, el 31 de mayo, aparecieron quince personas. Ahora, somos alrededor de cuarenta", relata Aimar. Tuvieron que aprender "a salto de mata", porque son ajenos al mundo de las finanzas, y pronto les empezó a faltar tiempo para estudiar todos los nuevos casos que llegaban al grupo. En el día a día, revisan hipotecas, asesoran a los afectados, prestan apoyo social... "Y los emponderamos", añade el joven, "haciéndoles conscientes de que el problema al que se enfrentan no es su culpa, sino de la situación".
Algunas de esas personas a las que echaron una mano ahora la tienden para otros, dentro del grupo. Como Maite y Consuelo, mujeres que tras años peleando contra goliats de traje y corbata sin resultados encontraron en Kaleratzeak Stop Araba un apoyo vital. "Cuando negocias por tu cuenta no te hacen ni caso", sostienen, "pero apareces acompañada por dos o tres integrantes de la plataforma y cómo cambia la cosa, de pronto hay voluntad para encontrar alguna solución, aunque sea un parche". Por eso, animan a quienes estén padeciendo esta tragedia a recurrir al colectivo . "Mucha gente tiene vergüenza y, si puede, tira del colchón familiar, pide ayuda a los amigos... Lo que sea antes de salir a la palestra. Es normal, pero no lo más adecuado", sostiene Aimar. "Yo nunca la tuve", apuntilla Maite, "pero es verdad que te hacen sentir mal".
Son variados los perfiles que atiende la plataforma. Destaca el de la familia desempleada, en peligro no tanto porque se endeudara más de lo necesario sino porque lleva mucho tiempo sin que entre en casa un euro. También está el autónomo que avaló su negocio con la hipoteca del piso y cuando fracasa se queda sin empresa y sin vivienda. O el de la persona divorciada que ha de asumir los gastos que no abona la otra parte hasta que se ve sin la posibilidad de seguir haciéndolo. Otro grupo fuerte es el de los perjudicados por la retirada de las ayudas de Vitalquiler. De todos los casos, algunos se han ido gestionando en la discreción del día a día. Otros, han salido a la luz pública. Por suerte. La repercusión mediática ha sido vital para visibilizar este terrible fenómeno social y forzar a los responsables políticos a dar pasos para frenarlo, a nivel local y en Madrid.
Como integrante de la Plataforma estatal de Afectados por la Hipoteca, Kaleratzeak Stop Araba ha luchado por la materialización de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para frenar los desahucios. Una propuesta que planteaba al Congreso de los Diputados, entre otras cuestiones, la dación en pago, que no se pueda acordar el lanzamiento de un inmueble cuando éste sea la vivienda habitual y el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad del deudor, y el derecho a que el afectado pueda residir en el piso una vez que se paralice la ejecución hipotecaria durante cinco años en régimen de alquiler social. El colectivo alavés colaboró con la recogida de firmas, 1,4 millones en total, pero finalmente el PP ha sacado adelante en solitario un proyecto de ley para la protección de estas personas que suena a broma, muy deslavazado. "El que era uno de nuestros grandes objetivos nos ha dejado un sabor amargo", lamenta Aimar.
"Yo todavía sigo pensando que sí se puede", apostilla Maite, mientras se señala la chapa con el eslogan adornando su bolso. Es una de esas mujeres con un optimismo tan desbordante que no hay drama que lo pinche. Y eso que un día la amenaza del desahucio le explotó en la cara. "Tuve un divorcio complicado. Él empezó a dejar de pagar la vivienda que teníamos con el negocio. Mi parte sí estaba pagada, pero como era autónomo y, según me dijeron, no se le podía pillar, fueron a por mí", relata. Su pesadilla comenzó en 2007 y durante "un año y medio" trató de negociar con la Vital. "No querían saber nada de mí", recuerda. Pero no se rindió y, al final, logró una carencia. "Es pan para hoy y hambre para mañana", reconoce, "pero a mis 60 años y en mi situación era una solución temporal que podía valer".
Tal vez más adelante "vuelva a estar en las mismas". En el contexto actual, lograr tiempo es el éxito de los amenazados por los desahucios. Bien lo sabe Consuelo, cuya pareja desapareció un día dejándole la doble carga de una vivienda y un negocio. Tras dos años recibiendo el portazo de una entidad bancaria, la presión social impulsada desde la plataforma permitió la paralización in extremis de su desahucio. "Ahora tengo una deuda para quince años, pero la situación es mejor", agradece. Su pseudovictoria se remonta a enero, mes en el que también se consiguió la suspensión de la puja de una VPO en Lakua-Arriaga. Dos casos con tanta repercusión mediática que las instituciones locales empezaron a darse cuenta de que había que empezar a afrontar esta catástrofe social, con debates y mociones. Aunque fueran tácticas de cara a la galería.
Kaleratzeak Stop Araba reconoce ciertos gestos por parte de la clase política, como la condonación del Impuesto de Plusvalías a las familias de Vitoria a las que, tras ser desahuciadas por el banco, se les había girado la tasa. Sin embargo, observa más interés por vender imagen que una implicación real por buscar soluciones. En el caso de Consuelo fue bastante evidente, con el alcalde gasteiztarra como protagonista. Javier Maroto recurrió a las redes sociales para informar de que la paralización del desahucio había tenido lugar después de haber hablado él con el presidente de Kutxabank, colgándose una medalla que según la plataforma no le correspondía. Al poco, aseguró que retiraría de los bancos que desahuciasen los depósitos que el Consistorio tuviera en ellos, pero no aclaró qué entidades guardan los dineros, por lo que la advertencia no pasó de un simple brindis al sol.
"Muestran interés en los casos más mediáticos e incluso se atribuyen logros, pero en la realidad del día a día las instituciones no están ahí. Y en las políticas de brocha gorda no se ven cambios destacados", lamenta Aimar. Su compañera Maite alude entonces al Servicio de Mediación Hipotecaria del Gobierno Vasco. Es, dice, otro ejemplo de aparente buena intención. "De primeras, los bancos pueden adherirse o no. Y, para rematar, las resoluciones no son de obligado cumplimiento. Así que, ¿para qué sirve?", reprochan. Kutxabank fue una de las entidades que entró "y más del 51% de los casos de desahucios viene" de este grupo de cajas. "Hace falta una operación de urgencia y están poniendo tiritas".
El escenario dibujado parece desalentador, pero plataformas como Kaleratzeak Stop Araba aglutinan cada vez más respaldo social. La clave para acabar forzando a los políticos a combatir el canibalismo bancario. "Hay gente que ve que puede correr el riesgo de no poder pagar la hipoteca y acude a consultar por previsión, pero la entidad no hace nada hasta que el cliente no lleva tres o cuatro meses de impago", advierte Consuelo. "Y cuando vamos al juzgado", añade Maite, "nos encontramos con una montaña de casos". Por eso, Aimar anima a los afectados a acercarse al colectivo. "Si cubriéramos el 30% de todos los casos que se dan, estaríamos contentos", admite.
Quien busque apoyo y convertirse en un activista más encontrará a este apasionado grupo de voluntarios todos los viernes a las 19.30 horas en la sede de la asociación de vecinos Barrenkale, en la confluencia de la calle Cuchillería con el cantón de Santa Ana. También se puede llamar al teléfono 616.385.471 o escribir a stopdesahucios.gasteiz@gmail.com. Ahora que cerrajeros, bomberos y policías se declaran objetores de conciencia, ahora que los jueces levantan la voz al poder ejecutivo, ya no quedan excusas para enfrentarse a las injustas leyes que abocan a los desahucios mediante la resistencia civil. Dando la cara, de la mano de otros, sin vergüenza.
