VITORIA. Conocida la noticia del cierre inminente de Garoña, dio comienzo a continuación el debate para analizar el día D, esto es, el futuro de una comarca y unos habitantes acostumbrados en los últimos 40 años ha vivir del plutonio. El primero en abrir el melón fue el alcalde de la localidad burgalesa de Valle de Tobalina, Rafael González, que demandó al ministro Soria un plan de reindustrialización para una comarca "que ha estado generando energía para todo el país". En declaraciones a Europa Press, el alcalde manifestó su honda "preocupación" por la noticia dada la más que segura pérdida de puestos de trabajo e impuestos que acarreará el cierre. Actualmente, la central es la única empresa de la zona, que da empleo a casi mil trabajadores. Por este motivo, insistió González en la necesidad de medidas de reactivación para que la comarca "no quede desprotegida". En esta línea se manifestaría después el presidente del comité de empresa de Nuclenor, César González, que reconoció el cansancio y hartazgo que viene soportando la plantilla antes de advertir que la "paciencia que estamos teniendo con todo este sinvivir tiene un límite". Por su parte, la central de UGT en Burgos calificó el anuncio del ministro como "la puntilla definitiva" para la comarca burgalesa, que ayer criticó el "silencio" del PP en todo este asunto para "eludir su responsabilidad". El sindicato recordó que esta zona depende en un "importantísimo porcentaje" de la actividad productiva de Garoña, ya sea a través de puestos de trabajo directos (unos 300) o eventuales (unos 800), de manera que se llega a superar en algunos meses del año la cifra de 1.000 trabajadores.

En Vitoria, la coalición EH Bildu en el Parlamento vasco fue un paso más al anunciar, antes incluso del cierre oficial, que sea la empresa propietaria, Nuclenor, la que asuma el coste del desmantelamiento. "Ellos han generado los residuos nucleares y ellos deben responsabilizarse. El que contamina lo tiene que pagar", sostuvo la parlamentaria Belén Arrondo.

Sin modelo energético A través de un comunicado, la coalición se felicitó después por el triunfo de los "agentes sociales" para cerrar la polémica planta y consideró "imprescindible" abrir un debate institucional en profundidad acerca del modelo energético, el cual debería basarse en el "respeto" al medio ambiente y "priorizar" el beneficio "de toda la sociedad", no sólo de los "intereses económicos de las empresas privadas".