Madrid. Representantes de la mayoría de los grupos de la oposición, de sindicatos de docentes y de padres se reunieron ayer en el Congreso para mostrar su rechazo a la reforma educativa y avisaron de nuevas movilizaciones estudiantiles e incluso, desde el grupo republicano catalán, del no acatamiento de la norma. Desde el Grupo Vasco, Isabel Sánchez Robles insistió en que "si no se logran los consensos necesarios nos veremos obligados a presentar, por supuesto, una enmienda a la totalidad de este proyecto de ley". Según el calendario del Congreso, disponen hasta el próximo 11 de junio para presentar las enmiendas a la totalidad a la Lomce y pedir su devolución.
Excepto UPyD, Foro de Asturias, UPN y BNG, del Grupo Mixto, los demás partidos de la oposición escucharon a los sindicatos de la enseñanza Fete-UGT, CC.OO. y STES, además de a la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa), ya que consideran que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, "ha desoído" a la comunidad educativa. En este sentido, los sindicatos avanzaron ayer que habrá movilizaciones en las calles tanto al final de este curso, como del inicio del próximo, si el ministro no se sienta a dialogar y no retira su proyecto de ley.
"Tenemos previstas unas líneas rojas insalvables", resumía la jeltzale al tiempo que enumeraba esos puntos esenciales en la negociación: el respeto a las competencias propias, el tratamiento de las lenguas cooficiales, el sistema de evaluaciones "que rompe tal y como está definido el principio de equidad y algo que para nosotros es una joya: el modelo de formación profesional vasco".
En este sentido, Sánchez Robles tachó de "uniformizadora y recentralizadora" el proyecto de reforma educativa y acusó a sus autores de obviar los excelentes resultados del actual modelo educativo vasco. No en vano, tal y como advirtió la portavoz del Grupo Vasco durante su intervención, la Lomce podría tener efectos devastadores entre los estudiantes vascos. "Puede tener unas gravísimas consecuencias a medio plazo en el proceso de aprendizaje del alumnado", concluyó la diputada jeltzale.
La suya no fue la única voz contraria a la conocida como ley Wert. Así, Joan Tardà, de ERC, destacó que se trata de una ley "clasista, profundamente reaccionaria y que ha sido redactada por monseñor Rouco Varela y por la derecha extrema". Por ello, avisó, en Catalunya no se acatará la ley. Desde CiU, Martí Barberà consideró que este modelo educativo "va en contra de la Constitución" y del modelo educativo plurilingüístico. "El PP quiere imponer su modelo de persona controlada y fija. El PP está más solo que nunca y esperamos que se pueda retirar la ley y poner los objetivos consensuados delante", apostilló.
Unidad de acción Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), estimó que la Lomce considera a los alumnos "casi seres clónicos" y está "obsesionada con cargarse el modelo educativo catalán". Nos va a tener enfrente. La gran oportunidad es que la comunidad educativa se mantenga unida como hasta ahora así como los grupos parlamentarios", zanjó. Por su parte, Mario Bedera, portavoz del Grupo Socialista en Educación, subrayó que esta ley no mejorará la calidad de la enseñanza y "va a herir de muerte" el principio de igualdad de oportunidades en la educación. "Esta ley, de llevarse a cabo, va a ser lo peor que le ha pasado al sistema educativo desde la Transición", sentenció.
Finalmente, desde la Ceapa, la Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos, su portavoz, Jesús Sánchez, remarcó el "carácter ideológico" de esta normativa, a la vez que reprochó a Wert que haya desoído a la comunidad educativa y al Consejo de Estado en la misma. "Atenta contra la escuela pública. Si el ministro no se sienta en la mesa, nos tendrá en la calle a toda la comunidad educativa", insistió.
