GASTEIZ. El Parlamento Vasco ha rechazado hoy una iniciativa en la que se pedía al Gobierno central medidas legales para evitar que las actividades dirigidas al proselitismo de la fe de la Iglesia católica y de otras confesiones religiosas tengan "beneficios" fiscales "especiales".
PNV y PP han impedido con sus votos la aprobación de una enmienda transada entre PSE-EE y UPyD, a una proposición no de ley presentada por el grupo de Gorka Maneiro.
El texto rechazado pedía que el Ejecutivo central estableciese mecanismos encaminados a distinguir entre las actividades religiosas de las distintas confesiones que se dirijan exclusivamente a la promoción de la fe o de índole social y las que producen rendimientos económicos.
Con ello, los grupos proponentes pretendían que las actividades sociales tengan los mismos beneficios fiscales que los de cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, mientras que la dirigidas a la promoción del proselitismo de la fe tengan la misma fiscalidad que "las de cualquier otro sujeto pasivo" y "en las mismas condiciones".
En definitiva, PSE-EE y UPyD reclamaban la completa autofinaciación de todas las confesiones religiosas. También, solicitaban que se impida a la Iglesia que pueda emitir certificados de dominio de bienes para hacerse con propiedades cuando éstas carezcan de titularidad escrita.
Tampoco ha salido adelante, al registrarse un empate (PNV a favor y PSE-EE, PP y UPyD en contra) la enmienda en la que el PNV abogaba por una definitiva armonización y homologación de las relaciones económicas existentes entre el Estado y las confesiones religiosas.
En el pleno no hoy no participa EH Bildu, por secundar la huelga convocada por los sindicatos nacionalistas, pero sí se ha votado y rechazado su enmienda en la que pedía que se designe a Euskal Herria como única diócesis para que pueda decidir su propia política fiscal en este área.
El portavoz de UPyD, Gorka Maneiro ha defendido que se supriman "privilegios sustentados en leyes" y ha dejado claro que no se trata de una iniciativa "anticlerical ni antirreligiosa sino laica" porque pretende defender la separación entre Iglesia y Estado, al tiempo que ha insistido en su oportunidad en época de crisis.
"Un estado laico no debe subvencionar a ninguna confesión porque las creencias religiosas dependen de cada uno. Es un asunto privado y el Estado debe mantenerse al margen", ha opinado.
La socialista Susana Corcuera ha señalado que en un momento de crisis la Iglesia católica y el resto de confesiones "no pueden permanecer ajenas al esfuerzo que se pide a la ciudadanía y a otras instituciones".
Desde el PNV, Juan Carlos Ramírez-Escudero se ha mostrado orgulloso de que parte de los impuestos se deriven a costear la práctica de la religión católica, llevada a cabo por la mitad de los ciudadanos vascos, y ha advertido de que no se puede pretender acabar con las subvenciones a los cultos religiosos, mientras que se mantienen las dirigidas al deporte o a la cultura.
El popular Antón Damborenea ha tachado la iniciativa de "testimonialismo anticatólico puro y duro" y ha planteado que "la Iglesia tiene exactamente los mismos privilegios fiscales que la Fundación Pablo Iglesias o que los sindicatos, pero con la diferencia que nueve millones de ciudadanos marcan la x en la casilla del IRPF", para ayudar a organizaciones como Cáritas.
"Espero que usted (Maneiro) no tenga que ser uno de los beneficiarios de Cáritas en los próximos años", ha concluido.
