VITORIA. Un total de tres semanas. Ni un día más ni un día menos. Y, sin embargo, la inacción del equipo de gobierno municipal del PP parece manifiesta. En ese periodo de tiempo, un informe completo en el que se describen, documentan y pormenorizan unos hechos que podrían "rozar lo delictivo" en el seno de la Policía Local de la capital alavesa ha servido para poco más que para acumular polvo en las mesas de trabajo del Gabinete del alcalde de la ciudad, Javier Maroto, y de la responsable del Departamento de Seguridad Ciudadana, la controvertida Marian Castellanos.

Y eso pese a la gravedad de las circunstancias que se relatan en el citado documento. No en vano, el informe desgrana unos hechos ya denunciados por este diario en su edición del pasado 23 de marzo y que atenderían a un presunto caso de trato de favor a un agente de la Guardia Urbana por parte de las direcciones política y policial del cuerpo. Según ha podido constatar este medio, la denuncia en cuestión cursó entrada en el Registro General del Consistorio el 30 de abril con destino a los citados Maroto y Castellanos. Desde entonces hasta la fecha aparentemente no ha ocurrido nada. De ahí, precisamente, derivan los nuevos acontecimientos. De hecho, el pasado 21 de mayo se remitió el mismo informe al conjunto de grupos políticos de la oposición del Ayuntamiento de Vitoria -PNV, Bildu y PSE-EE-, postura que podría completarse con la puesta de los hechos en conocimiento de la Justicia por si fueran constitutivos de algún tipo de consecuencia penal.

El informe en cuestión, al que ha tenido acceso este rotativo, está firmado por el coordinador de Policía Local de ErNE, Sindicato de la Policía Vasca, José Ángel Bogajo. A su juicio, la dirección del cuerpo ha hecho caso omiso a la denuncia y a las solicitudes de rectificación cursadas. Es más, el citado llega a confirmar en su misiva que sospechan que lo ocurrido está "más cerca del clientelismo y de los favores personales que de otra cosa". Sobre el particular, asesores legales consultados por este medio confieren a los hechos la posibilidad de asumir las características de un caso de prevaricación administrativa.

Los hechos de la discordia apuntarían a que la dirección de la Guardia Urbana primó en su momento a un agente para su inclusión en un grupo para la realización de prácticas en la sede de la Academia Vasca de Policía y Emergencias. En concreto, los hechos descritos por DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA el pasado mes de marzo recogían las denuncian de fuentes del cuerpo policial que explicaban que el agente presuntamente premiado incumplía con los requisitos para participar en una formación llamada a añadir méritos a las carreras laborales de los participantes. Lógicamente, de suceder así, significaría que habría otros policías que habrían resultado damnificados injustamente.

Sea como fuere, en el informe facilitado al equipo de gobierno y a los grupos de la oposición del Ayuntamiento se explica que el Ejecutivo local ya habría intentado el pasado año la misma maniobra y con el mismo protagonista. No obstante, entonces, desde Arkaute se comprobó que el citado no cumplía con los requisitos necesarios, circunstancia que provocó la denegación de su solicitud. Para explicar esta información hay que resaltar que en la Policía Local existe una serie de agentes, con formación específica, que se encargan de instruir a sus compañeros en materia de tiro policial. Precisamente, para esos policías (los instructores) están pensadas las prácticas de monitores en el centro formativo de Arkaute.

En aquella ocasión, desde el Gobierno municipal se descartó cualquier aspecto anómalo en las decisiones adoptadas. En cualquier caso, en el documento remitido al Consistorio gasteiztarra se resalta como evidente que los hechos legitiman la denuncia ya que, al parecer, el agente en cuestión pudo aprovecharse de un beneficio laboral sin cumplir con las normas establecidas para ello. Esta circunstancia llegaría acompañada de otros hechos ya desvelados por este medio. Entre ellos, por ejemplo que en documentos internos de la Policía Local que incluían el listado de elegidos para la formación de Arkaute se especificaba que participarían en el mismo aquellos que hubieran superado el Curso de Habilitación de Monitores de Tiro en Policía Local. El último curso de estas características tuvo lugar a finales de abril del pasado año. Y el agente presuntamente ensalzado no asistió. Si hace un año no cumplía con los requisitos, en éste, obviamente, tampoco.