huelva. Emocionada y aliviada. Así se encontraba ayer María del Carmen Andújar, una vecina de Huelva protagonista del primer trámite de expropiación forzosa a entidades financieras del uso de una vivienda, amparado en el decreto que aprobó la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda.
Casada y con cuatro hijos, dos de los cuales son menores de edad -de 15 y 17 años- esta mujer de 41 años es la única de la unidad familiar que tiene trabajo, dos horas al día limpiando portales por el que percibe unos 350 euros mensuales.
Además de este dinero, la familia cuenta con la ayuda de 420 euros que percibe el marido por ser desempleado de larga duración, y otra complementaria de 80 euros que tiene concedida ella, lo que hace un total de algo más de 800 euros mensuales.
María del Carmen contó que ha vivido un año y medio de "auténtica angustia", una sensación que se tornó alivio, alegría y esperanza ayer. Si el procedimiento abierto por la Junta de Andalucía llega a buen puerto, la familia podrá permanecer en la que fuera su casa pagando un alquiler -el 25% de los ingresos de la unidad familiar- durante tres años, un tiempo que le da margen para poder encontrar una solución. Fue en 2004 cuando compró su casa, de cuatro dormitorios y dos baños, ubicada en uno de los barrios más humildes de la ciudad, por 78.000 euros y firmó una hipoteca con una financiera. "Entonces todo eran ilusiones y no teníamos problemas para hacer frente a los pagos", señaló. Sin embargo, a finales de 2009, y después de la puesta en marcha de varios negocios de hostelería sin mucho éxito, la falta de liquidez llegó a esta familia, que optó por dar prioridad a cubrir sus necesidades básicas antes que al pago de la hipoteca.
los avisos Tras más de un año sin pagar unas cuotas que alcanzaron los 500 euros mensuales comenzaron a llegar las primeras cartas de la financiera que "no dio opción a buscar ninguna fórmula para afrontar el impago", relató María del Carmen. Después vino la subasta, a la que no se presentó nadie, por lo que el piso quedó en manos de un Fondo de Inversión Hipotecario, y hace un mes la orden de lanzamiento.
La Plataforma Stop Desahucios aconsejó a la familia acudir a la Junta de Andalucía para ver si cumplían los requisitos para solicitar la expropiación forzosa del uso de la vivienda.
