Vitoria. La pasada semana, el grupo municipal de Bildu en el Ayuntamiento vitoriano denunció que el gobierno del PP ha hecho la vista gorda ante los reparos que la Intervención municipal planteó ante las facturas presentadas por la empresa Vitauri para justificar el gasto del dinero recibido en concepto de subvenciones en los años 2007, 2009 y 2010. En un caso el expediente abierto caducó, en otro prescribió, y en 2009 ni siquiera se abrió proceso alguno. Ayer, el concejal de Bildu Antxon Belakortu advirtió al equipo de gobierno de que si estos casos no se investigan con el mismo rigor que se emplea en el cobro del impuesto de plusvalías a los desahuciados, o en el pago a los perceptores de ayudas sociales, irá a los tribunales.

"No vamos a permitir que Hacienda se convierta en un chiringuito", afirmó Belakortu, para quien Vitauri está recibiendo un "trato de favor" que, a su juicio, le ha sido impuesto al concejal de Hacienda, Manu Uriarte, desde instancias superiores. "¿Quién le ha presionado para que esto sea así?", preguntó el portavoz abertzale a Uriarte durante la Comisión de Hacienda celebrada ayer en el Consistorio.

El responsable del ejecutivo municipal, por su parte, acusó a Belakortu de "criminalizar" la actuación de Vitauri, afirmó que no se puede tratar a los titulares de esta sociedad como "defraudadores" y aseguró que de haberse producido alguna irregularidad el propio Ayuntamiento sería corresponsable, por cuanto Vitauri visitaba ferias y ganaderías a petición de la institución. Por ello es justo, a juicio de Uriarte, "el trato diferenciado" hacia esta empresa, frente a casos relacionados con desahucios o ayudas sociales.

Según Uriarte, los expedientes relativos a los años 2009 y 2010 no han prescrito, y aseguró que "se seguirá adelante" con los expedientes en curso. "Hay margen de actuación y el gobierno actuará", señaló el titular de Hacienda, quien explicó que los reparos del interventor se deben a que "de un año para otro" cambiaron los criterios de admisión de las facturas y por ello se dio marcha atrás a ciertos recibos relativos a comidas o kilometrajes.

Belakortu, por su parte, aseguró que no critica a esta empresa, sino el doble rasero que detecta en la actuación del Departamento de Hacienda, "las ventanillas A y B". "No hemos venido a criminalizar a nadie", insistió el portavoz de la coalición abertzale.