Cuando el cierre definitivo de la central de Garoña parecía más cerca, fijado ya para el 6 de julio, Nuclenor reventó el horizonte con una última intentona para alargar la vida de la planta. Hoy, el Consejo de Seguridad Nuclear desvelará si acepta la solicitud de prórroga por un año. De hacerlo, habrá ganado el poderoso lobby español -el accionariado lo forman Iberdrola y Endesa- frente a la mayoritaria oposición ciudadana y política. Una victoria que parece segura, dada la demostrada influencia del gigante eléctrico, el posicionamiento favorable del PP a la continuidad de la central y el nerviosismo manifiesto de quienes se oponen a los reactores atómicos. ¿Pero será el fin de la guerra? Cual David frente a Goliath, el colectivo social Álava sin Garoña ha reclamado ya la intervención de la Fiscalía, convencido de que si se diera el visto bueno al permiso se podría acusar a sus responsables de un delito de prevaricación.
Pase lo que pase, ya sea para festejar o seguramente para continuar protestando, la plataforma antinuclear instó ayer a los ciudadanos a participar en la concentración del sábado ante la Diputación alavesa bajo el lema Nuclenor y Gobierno del PP, no seáis sinvergüenzas. El colectivo mantiene que se "está jugando con la seguridad y la vida de las personas". La central burgalesa, la más antigua del Estado, "no respeta los criterios de funcionamiento y no ha implantado las medidas de seguridad pertinentes tras la catástrofe de Fukushima". Abrir las puertas a un nuevo permiso por un año, tiempo en el que el dueño no podría generar electricidad pero sí pedir la renovación de la licencia, supondría además "la sumisión del poder político a los intereses de las multinacionales eléctricas". Y ése es el escenario previsible, dadas las declaraciones del ministro de Industria. Allá donde le preguntan, José Manuel Soria iza la bandera atómica sin disimulo.
Ecologistas en Acción advirtió ayer de que existen "negociaciones secretas y escandalosas" entre el Gobierno y las empresas eléctricas. Endesa e Iberdrola mantuvieron en los últimos meses un pulso con el Ejecutivo de Rajoy para que se paralizara la ley que grava la generación de residuos radiactivos y para que prolongara la vida de las nucleares. El elemento de presión que usó el lobby "fue Garoña", cuya vida el PP se había comprometido a alargar en su programa electoral aunque en 2009 se hubiera fijado para el 6 de julio de 2013 el cese de explotación de la planta. Por eso, la sola petición de la prórroga es para este colectivo "un indicio" de oscuras gestiones entre ambas partes.
Si el Consejo de Seguridad Nuclear permite que la planta burgalesa siga otro año en parada fría mientras el dueño intenta llegar a nuevos acuerdos con el PP, la credibilidad de este organismo "quedará en entredicho". Ecologistas en Acción cree que no se puede tener listo un informe en tan poco tiempo sobre la conveniencia o no de mantener abierta la central si no es porque se pide a los técnicos que escriban al dictado. Justo lo que todos los opositores a Garoña se temen que va a suceder. Eguzki confesaba ayer su pesimismo y lamentaba que el debate sobre el aplazamiento del cierre de Garoña esté ocultando el verdadero problema: "la falta de seguridad, ya que esté produciendo o no energía es una central con graves defectos que pone en riesgo tanto a los habitantes del entorno como al medio ambiente".
Soria, mientras tanto, se ajusta a su discurso pronuclear e insiste en que si la planta continúa abierta será porque "cumple todas y cada una de las garantías y condiciones de seguridad". El ministro de Industria ve muchas y buenas razones para que la central funcione. Y la principal es la económica. No todas las tecnologías que generan energía en España tienen el mismo coste de producción. Y, entre ellas, la nuclear "es la más barata". La posición del Gobierno del PP acrecienta la incomodidad de sus colegas alaveses, quienes llevan tiempo manifestándose a favor del cierre. El diputado general, Javier de Andrés, recordó ayer que "ya se había tomado una decisión", por lo que esta reconsideración no debería de haberse producido. "Genera vacilaciones e incertidumbres en una materia tan sensible como ésta que no ayudan a que nos sintamos más seguros o a tener confianza en el proceso que se ha seguido", criticó.
El Gobierno Vasco prefirió esperar a conocer la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear, aunque no ocultó sus preferencias. "A pesar de que el mix energético tiene una parte todavía importante de energía nuclear, no debería de ser Garoña la central sobre la que habría que pivotar este tipo de energía", subrayó la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia. La planta burgalesa acumula, además, tantos años que "precisaría de grandes inversiones para adecuarse a la situación". Por eso, el Ejecutivo autonómico será "muy escrupuloso con las garantías" que se vayan a ofrecer en caso de que la vida de la planta se prorrogue por un año más.
En primera línea del bando green, Ezker Batua Berdeak manifestó su "rotundo rechazo" a la solicitud de Nuclenor. "Evitar el cierre siempre ha sido el objetivo del PP. El Gobierno de Rajoy es pronuclear convencido, ya que siempre ha mantenido que no hay ninguna razón para cerrar Garoña y ha hecho lo posible y lo imposible para que Nuclenor, o cualquier otra empresa o grupo de empresas, pueda pedir fuera de plazo la renovación de la explotación".
Si al final la planta cierra, será porque a Nuclenor "no le cuadran los números, no porque sea una central obsoleta o porque esté garantizado el futuro de la zona". En opinión de EB, el dueño de Garoña "lo que quiere es ahorrarse parte de los costes de la inversión, vía subvención pública, a cambio de mantener la central, siempre con la justificación de mantener el empleo en la zona y seguir generando energía, ya amortizada".
