El modelo energético imperante y controvertidos proyectos en marcha como la extracción de gas no convencional mediante la técnica del fracking han capitalizado el debate a lo largo de esta última semana en Gasteiz. En realidad llevan mucho tiempo haciéndolo, con una importante respuesta social como trasfondo, pero las Jornadas sobre Energía que han organizado los colectivos Fracking ez Araba, Desazkundea, Bio Nekazaritza e Ingenieros sin Fronteras han servido para poner negro sobre blanco muchas cuestiones relacionadas con esta materia. Una de las conclusiones más importantes de las extraídas durante esta cita ha sido que el desproporcionado incremento mundial que ha protagonizado la demanda energética, sobre todo en los países del Norte y en los denominados emergentes, ha tenido un fiel reflejo en el modelo energético de la CAV.

Esta situación se enmarca en un modelo global, donde a medida que aumenta la demanda las fuentes tradicionales de energía inician su declive. En consecuencia, el planeta ha sufrido una creciente y cada vez más palpable escasez de hidrocarburos y un avance imparable de las fronteras de extracción hacia áreas remotas y otras zonas hasta ahora protegidas por su alto valor ecológico o cultural. También, hacia otros emplazamientos que cuentan con yacimientos muy pobres que hasta ahora no merecía la pena explotar. Las fronteras de la extracción de recursos avanzan hacia esas regiones, generando en ocasiones graves daños que son también enérgicamente contestados por las comunidades afectadas.

El fracking constituye un ejemplo perfecto de esta realidad en Álava y Euskadi, que tiene una de las tasas de dependencia energética externa más importantes de Europa -nada menos que del 94,5% en el año 2009, según un estudio de Ekologistak Martxan- y uno de los consumos de gas natural más altos de los llamados países del Norte. Prácticamente agotado el ciclo de las nucleares -valga el ejemplo de Garoña, cuyo cierre está previsto en menos de dos meses- y abandonadas a su suerte las renovables, los poderes públicos han apostado ahora por nuevas técnicas como la fractura hidráulica para generar energía. Y todo ello ha creado un nuevo escenario de intereses encontrados.

Las empresas interesadas en explotar los yacimientos de gas esquisto que se cree que existen en el Estado incluso han constituido un lobby, Shale Gas España, que está impulsado entre otros por la Sociedad pública de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) y que se dedica a promocionar con mensajes sencillos los beneficios que puede acarrear esta técnica para la población. Ya se identifican pozos en Álava, en Bizkaia, en Cantabria, en Burgos, en Cataluña, en Castellón, en Andalucía, en La Rioja, en Navarra, en Teruel... Los partidos políticos, entretanto, nadan y guardan la ropa, apelando a la salvaguarda del medio ambiente por encima de cualquier otra consideración y terminando por dejar la puerta abierta a la futura explotación de una técnica que ha despertado la ambición de empresas y mandatarios chinos, argentinos, polacos o británicos.

"sin complejos" El ministro español de Industria, José Manuel Soria, sin ir más lejos ha dado la bienvenida al fracking "sin complejos", al tiempo que ha retirado las primas a las energías renovables y se muestra firme y seguro ante los órdagos de la industria nuclear. Enfrente se encuentra la importante movilización social contra el fracking por la posible contaminación de acuíferos, la inducción de terremotos, la emisión de gases de efecto invernadero, la ocupación de suelo rural o el consumo masivo de agua. La labor de las plataformas locales de cada zona afectada por proyectos de extracción de gas no convencional que han surgido sobre la marcha se forman e informan como pueden y utilizan Internet y la calle para presentar batalla ante el lobby gasístico.

Tal y como denunció durante su conferencia en las jornadas el activista Juantxo Estebaranz, el modelo de desarrollo industrial aplicado en el entorno vasco ha estado basado en los últimos tiempos en un aumento acelerado del consumo energético, así como en la construcción continuada de una serie de infraestructuras que permiten fluir energías, mercancías y personas. Autovías, autopistas, gasoductos, vías férreas, pantanos, puertos, superpuertos, plantas de generación eléctrica, redes de alta tensión? Proyectos y macroproyectos que se han ido superponiendo en un territorio relativamente pequeño, transformándolo completamente en los últimos 50 años, y a los que ahora podría sumarse el fracking, toda una amenaza que a su juicio se ha convertido en un conflicto "central", más allá de lo meramente medioambiental.

Pero si hay que hablar de resistencias en Álava, el foco debe ponerse sin lugar a dudas sobre Garoña, la central nuclear capaz de poner en su contra a una amplísima mayoría de ciudadanos del territorio y a casi todas sus fuerzas políticas. La planta, la más antigua del parque estatal, totalmente amortizada, podría estar viviendo sus últimos días pero el Gobierno central ya se ha encargado de no darla por muerta antes de tiempo. Recientemente, el director general de Iberdrola Nuclear y próximo presidente de la Sociedad Nuclear Española (SNE), Francisco José López, recordó que "la última palabra" sobre el cierre de la central la tiene el ministro de Industria, el ya citado José Manuel Soria, quien en los últimos meses ha mantenido varias conversaciones con el operador de la planta para que ésta permanezca abierta más allá de julio. Según recordó López, Garoña está parada pero "tiene licencia para funcionar y cumple con todas las condiciones como si siguiera operando". La empresa propietaria de Garoña, Nuclenor, decidió parar la central el pasado diciembre en respuesta a las nuevas tasas e impuestos a los residuos nucleares, que desde su punto de vista hacían la central "inviable". La licencia de funcionamiento de la instalación expira el próximo 6 de julio y si tras esta fecha se decide "avanzar" en el predesmantelamiento, el cierre de la central sería "mucho más irreversible", un escenario anhelado no por pocos vecinos del territorio.

Otra noticia que ha sido motivo de celebración para los colectivos ecologistas y muchos alaveses ha sido la definitiva paralización de la central de ciclo combinado que iba a instalarse en la localidad de Lantarón. En este caso, la crisis financiera y la caída de la demanda energética han disipado las dudas existentes sobre esta instalación prevista por Gas Natural-Fenosa, una central que, tal y como anunció la empresa el pasado 11 de abril, "no se llevará a término". Este diario, no obstante, ya avanzó en noviembre del año pasado que, pese a que se mantenía en vigor el convenio firmado en 2007 con el Ayuntamiento, el proyecto estaba congelado por las pésimas expectativas económicas.

En un comunicado, la sociedad mercantil matizó que la central, cuya construcción comenzó a fraguarse en el año 2005 a través de Lantarón Energía SL, filial del gigante catalán, "era un excelente proyecto que buscaba garantizar y dar seguridad al sistema eléctrico en un momento de creciente demanda de energía. Una coyuntura muy diferente a la actual, caracterizada por la caída de la demanda, el incremento de precios y la complejidad e incertidumbre del entorno energético".