gasteiz. Todas las formaciones sindicales representadas en el comité de empresa del Ayuntamiento de Vitoria elevaron ayer oficialmente su voz para apoyar la lucha contra
la sangría social que deriva de los desahucios. En concreto, portavoces de los sindicatos ELA, LAB, CCOO y SIPLA presentaron ayer en sociedad una misiva dirigida al alcalde de la ciudad, el popular Javier Maroto, para solicitarle que no se obligue ni a policías municipales ni a bomberos a participar en desalojos de primeras viviendas. Asimismo, la epístola -desarrollada en cinco puntos principales- insta a la Administración local a que no sancione a ninguno de sus funcionarios si es que aducen objeción de conciencia para oponerse a intervenir en los desahucios que suceden en la capital alavesa. Tal declaración de intenciones, adelantada por este diario en la edición de ayer, apoya la estrategia de Kaleratzeak Stop Araba que, hace escasas semanas solicitó la misma cuestión -en persona y por carta- a la hoy cuestionada concejala de Seguridad Ciudadana, Marian Castellanos. En cualquier caso, fuentes consistoriales consultadas esgrimieron que cuando los municipales participan en un alzamiento no lo hacen por mandato del alcalde o de la concejal delegada sino en funciones de Policía Judicial y a instancias de un juez.
Sea como fuere, en el documento enviado al primer edil, la representación sindical de los trabajadores del área de Seguridad Ciudadana le recuerda que tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Constitución establecen el derecho a disfrutar de "una vivienda digna". También menciona la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo que determinó que la Ley Hipotecaria española es ilegal.
La representación de los trabajadores pone de relieve que pese a que esta normativa está "muy por encima de la Ley Hipotecaria" y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la banca y los grandes capitales se siguen amparando en ellas para expulsar de sus casas a multitud de familias.
El hecho de que esas viviendas queden vacías tras los desahucios en la mayoría de los casos y que son precisamente las entidades financieras las que crearon la "burbuja inmobiliaria", han llevado al comité a pedir al alcalde que defienda los preceptos básicos de la Constitución y la normativa europea y "no obligue al personal de Departamento de Seguridad Ciudadana a intervenir en lanzamientos de primeras viviendas".
También le solicitan que respete el derecho de dichos trabajadores a la objeción de conciencia, que defienda a los más desprotegidos socialmente y que, subsidiariamente, no se impongan sanciones administrativas a quienes se nieguen a intervenir en desahucios.
Cabe señalar que, en el conjunto de Euskadi, ya hay otros municipios, como el de San Sebastián, gobernado por Bildu, que ya han decidido amparar a aquellos funcionarios que rehusaran participar en los desalojos, entre ellos los miembros de la Guardia Urbana.
Más cerrajeros En relación a los desahucios, Kaleratzeak Stop Araba informó ayer de que Cerrajerías Patxi y Altzairu Cerrajeros de Seguridad se han adherido al compromiso de no intervenir en desahucios de primeras viviendas. Estas dos firmas se unen a Cerrajería Ayala, Canuto y Giltzaraba, que también habían mostrado su predeterminación a no participar en desalojos.
