VITORIA. Los fantasmas del fraude por la presencia de carne de caballo sin advertir en las etiquetas de los productos alimentarios está más lejos de los consumidores, según el reciente análisis del Centro de Investigación y Control de Calidad del Instituto Nacional de Consumo (INC). Las muestras fueron enviadas por Kontsumobide a petición de la Unión Europea tras estallar en enero el escándalo de la carne de caballo en productos de vacuno.

Los análisis han demostrado que "las cadenas de alimentación vascas etiquetan bien". La directora de Kontsumobide, Belén Greaves, presentó ayer a la Comisión de Salud y Consumo del Parlamento vasco los resultados de las investigaciones que determinaron que ninguno de los productos vascos analizados contiene carne equina por encima del 1%, que es el porcentaje fijado por la UE con el objetivo de prevenir prácticas fraudulentas.

Siguiendo la recomendación de la Comisión Europea, el Instituto Vasco de Consumo recogió nueve muestras que envió al INC. Estas debían corresponder a los productos de la marca que fundamentalmente se comercializa en Euskadi. De un listado de 11 productos en los que la carne de vacuno formara parte de los ingredientes, Kontsumobide remitió 5 muestras de la cadena Eroski y 4 de la cadena Uvesco -3 de Ercoreca y 1 de Super Amara-. Greaves señaló que esta decisión de enviar cuatro muestras más de las requeridas por el INC se debió a que se quería "comprobar que nuestras cadenas de alimentación etiquetan bien y así se ha demostrado con los resultados de los análisis de las cinco muestras exigidas". La directora de Kontsumobide indicó que ningún análisis reveló resultados por "encima del 1%".

El estudio que la OCU publicó a finales de enero fue el que dio origen a la polémica de la carne de caballo en productos etiquetados como alimentos hechos con carne de vacuno. Esta organización puso en el punto de mira unas hamburguesas comercializadas por Eroski. Sin embargo, la denuncia de la OCU ha sido archivada por Kontsumobide, ya que el organismo vasco pidió "los análisis" de la OCU y no obtuvo respuesta "por lo que ha sido imposible comprobar la veracidad de la denuncia". Esa alerta alimentaria de la OCU estaba por debajo de los límites que marca la Unión Europea. "Según la OCU se había detectado un 0,1% de carne de equino y la UE fija un 1%", subrayó Greaves, que añadió que hallar muestras inferiores al 1% es muy difícil ya que "no hay laboratorios precisos para determinar" por debajo de ese porcentaje.

Líneas maestras Durante la comparecencia en la Cámara vasca, Greaves dibujó las principales líneas sobre las que trabajará Kontsumobide en esta legislatura. Entre ellas está una mayor cercanía con la ciudadanía vasca. "Queremos ayudar a las personas a ser conscientes de sus derechos pero también de sus deberes", manifestó la directora, que precisó que hay que dirigir los esfuerzos hacia "un consumo más sensato, sostenible y solidario".

Concretando los objetivos, Greaves explicó que se "van a realizar estudios sobre hábitos de consumo" para encontrar las deficiencias y necesidades para ser más eficientes. En esta línea, se va a implantar este mes un sistema de medición de la satisfacción de los usuarios que utilizan los servicios de Kontsumobide.

El aumento de engaños que sufren las personas mayores también será un punto de actuación. Por ello, se harán más controles, aumentarán las actuaciones de inspección y se ofrecerá información más precisa a este grupo de consumidores.

Otro de los movimientos irá en favor de reducir el tiempo medio de resolución de las reclamaciones. El objetivo es que se resuelvan antes de 60 días. Para facilitar el acceso a presentar una reclamación se impulsará la teletramitación.

Las relaciones entre instituciones, empresas y usuarios crecerán y se apostará por la mediación y el arbitraje para evitar llegar a costosos procedimientos judiciales.

Con la pretensión de "fortalecer las políticas de consumo", la entidad vasca trabajará con las diferentes entidades implicadas en la defensa y protección de los consumidores y apoyará económicamente este trabajo. Así, se destinará casi un millón y medio de euros a las Oficinas municipales y a las Asociaciones de Consumidores. Además, se programarán nuevos servicios de coordinación para concretar unos criterios de actuación comunes.